Un pacto que no garantiza un Gobierno

El PP y Ciudadanos presentaron ayer su pacto de investidura, bautizado como Los 150 compromisos para mejorar España. El valor político inmediato del documento es el mismo que el de El acuerdo para un gobierno reformista y de progreso que en febrero subscribieron Albert Rivera y Pedro Sánchez: no basta para garantizar la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, entonces Sánchez, ahora Mariano Rajoy. Con 170 escaños en el zurrón, (los de PP, C's y Coalición Canaria), el popular aún necesita al menos la abstención de once diputados.

Cuando Sánchez se presentó a la investidura con un pacto de Gobierno con Ciudadanos, a nadie le pareció razonable exigirle al PP que se abstuviera. En cambio, la maquinaria popular traslada al PSOE la responsabilidad de que no haya terceras elecciones, que se celebrarían en Navidad porque así ha diseñado el calendario Rajoy. Acrecentar la presión sobre los socialistas es una de las grandes funciones del pacto PP-C's, que explota la justa indignación de la ciudadanía ante la perspectiva de unas terceras elecciones y de un año entero sin Gobierno. Es innegable que España necesita que se forme un Ejecutivo más pronto que tarde, pero el PSOE está en su derecho de votar no. El acuerdo Rajoy-Rivera le presenta un anzuelo (una inversión de 29.000 millones en planes sociales), pero al mismo tiempo se queda corto en regeneración democrática y es un parche en materia socioeconómica.

El mismo Rajoy da por descontada su derrota en la investidura de esta semana, por lo que su reunión de hoy con Sánchez no es más que otra forma de aumentar la presión a los socialistas. Antes de forzar otras elecciones con su no a Rajoy, el PSOE deberá deshojar la margarita: o se cobra un precio a su abstención o intenta de nuevo el espinoso pacto con Podemos y el apoyo de los nacionalistas. Sin duda esta segunda vía no es sencilla, no solo por el bloqueo de la relación entre el PSOE y Unidos Podemos, sino por la cuestión catalana. En este sentido, el acuerdo entre el PP y Ciudadanos, como no podía ser de otra forma, plantea un impulso recentralizador. A estas alturas debería ser evidente que, con terceras elecciones o un Gobierno de cualquier color, España no puede pasar otros cuatro años menospreciando el conflicto catalán, sino que debe abordarlo mediante el diálogo y sin imposiciones.