De nuevo decidirán los jueces

Desde que el Gobierno del PP llegó al poder en España los problemas laborales y sociales los acaban resolviendo los jueces. La reforma laboral ha minado la negociación colectiva, ha dado mucho más poder a las empresas, ha facilitado el despido y ha dejado en manos de los jueces la resolución de conflictos que deberían solucionarse en el ámbito de la empresa.

Al suprimir la autorización previa de los ERE por parte de las comunidades o al dejar en el terreno de la ambigüedad las causas económicas que pueden justificar un despido colectivo, los conflictos se han judicializado, lo que es malo para la empresa y pésimo para los empleados, a la vez que emponzoña la relación de una manera irreversible con consecuencias negativas a largo plazo.

Esta manera de legislar del Gobierno, sin pensar en la conflictividad social y en sus consecuencias, se ha vuelto a repetir ahora con los pensionistas o futuros pensionistas. La Seguridad Social ha emitido un criterio administrativo que pretende aclarar algunos aspectos de las dos reformas de pensiones anteriores, pero que en la práctica impide la jubilación anticipada a los 61 años a unos 35.000 trabajadores que tienen actualmente un convenio especial y no proceden de un despido colectivo.

Ahora se frenan estos retiros hasta que los beneficiarios tengan 63 años. Pero estos trabajadores han estado haciendo sus aportaciones a la Seguridad Social mediante un convenio individual y se les había dicho que esta opción era la correcta.

Una vez más, el Ministerio de Empleo se ha negado a clarificar la situación de este colectivo y ha avanzado que se estudiará caso por caso. Esta misma semana los afectados han empezado a ponerse en contacto con los sindicatos, bufetes de abogados y asesores legales para iniciar sus demandas. Es una decisión difícil para ellos porque después de sufrir un despido y pagarse las cotizaciones complementarias, ahora se encuentran en una situación de absoluta indefensión ante un cambio repentino. Y serán ahora los jueces los que deban tomar la decisión.

Una situación que recuerda, salvando todas las distancias, al conflicto abierto en España con los inversores en energías renovables. Como consecuencia de los recortes a la retribución de estas energías, España se ha convertido en uno de los países que acumula un mayor número de demandas de arbitraje por parte de los inversores internacionales.

Las denuncias alegan que España no ha respetado la seguridad jurídica exigible a las inversiones y que vulnera con ello la Carta de la Energía en una especie de expropiación de derechos. El Gobierno se defiende alegando que los inversores buscaban una rentabilidad excesiva y que tiene potestad para cambiar la regulación.

Lo cierto es que las regulaciones, las leyes y los criterios son los que permiten a un país avanzar porque garantizan una seguridad jurídica sobre la que tomar decisiones a futuro tanto en el ámbito público como en el privado. Y eso es lo que nos debería distinguir de un país bananero. Todo lo demás acaba en los juzgados.