Nadie dijo que sería fácil

Sede de CaixaBank en Barcelona

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Salvador Sabrià

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La última semana ha sido una de las más intensas y tensas vividas en Catalunya en los últimos decenios. El ritmo de los hechos ha sido acelerado, provocando lo que expresaba una de las portadas de EL PERIÓDICO de estos días: vértigo. En todos los ámbitos. No solo en el político, sino también en el económico y en la vida social en general. Las interpretaciones a ambos bandos de este enfrentamiento de lo que está sucediendo eluden la parte de la realidad que no les cuadra con su discurso.

Las reacciones empresariales a una posible DUI también le aportan más credibilidad

El Gobierno central seguía insistiendo hasta el pasado viernes, por boca de su portavoz, en que en Catalunya no se había celebrado ningún referéndum: a la autoridad electoral central no le constaba. En el resto del mundo, nadie pone en duda que se celebró este tipo de consulta, que fue reprimida con violencia y excesos evidentes y que se saldó con unos resultados que  no tenían las garantías suficientes por todas las circunstancias que lo rodearon. Los promotores del referéndum intentan darle la misma credibilidad que unas elecciones realizadas con todas las garantías, y por consiguiente, que provoque los mismos efectos, cuando incluso los observadores internacionales que lo analizaron in situ consideran que no ha sido así. Y sitúan en primer lugar  el uso desproporcionado de la fuerza para impedirlo.

En este referéndum no celebrado, según el Gobierno, votaron 2,28 millones de catalanes, un 43% del censo. Casi tantos como en las últimas elecciones europeas en Catalunya, en el 2014, con todos los colegios electorales abiertos, con urnas y papeletas, y sin represión. Entonces se registró un 47,6% de participación, solo cuatro puntos más que el 1-O,  y votaron  2,53 millones de catalanes, sin que nadie cuestionase su validez por estas cifras. En definitiva, que, el 1-O fue tan real que ya está provocando efectos contundentes.

Reacciones empresariales

El caso más claro ha sido el de las reacciones empresariales ante el escenario político. Mientras que el Gobierno central mantiene el discurso de que la independencia es irreal e imposible, los bancos catalanes trasladan sus sedes fuera de Catalunya, en un movimiento que califican de defensa de sus accionistas y clientes ante la incertidumbre actual  y que arrastra a muchas más compañías. Es, también, una medida de presión de algunos poderes económicos para frenar una DUI.

Pero a la vez acaba dando más credibilidad a la posibilidad de una independencia en un momento u otro, ya que si esta opción fuese tan irreal, no tendría ningún sentido marcharse. Ni tampoco que el Gobierno central aprobase a toda prisa un decreto que facilita el traslado de las sedes a las empresas, aún a costa de reducir más los derechos de los accionistas, como ha denunciado Adicae.  Veremos dónde conducen tantos movimientos.