Muerte digna pendiente

El conmovedor relato a EL PERIÓDICO, por parte de una ciudadana catalana, del suicidio asistido de su padre, de 80 años y con graves problemas de salud, sacude las conciencias y recuerda que España, al igual que otros países de su entorno, tiene pendiente un adecuado asentamiento jurídico-legal de la muerte digna. Pionero en otros temas de libertades personales que fueron tabú durante siglos, como el matrimonio homosexual, el Gobierno se muestra remiso a concretar el compromiso electoral del PSOE en el 2004 de estudiar una cuestión ciertamente compleja, pero sobre la que existe una creciente conciencia social.

En España, el Código Penal castiga a quien coopera en la muerte de una persona grave e irreversiblemente enferma que, en estado de lucidez y de forma inequívoca, pide poner fin a su vida. La frontera entre un suicidio asistido y lo que se entiende comúnmente por eutanasia activa -facilitar el deceso a quien lo reclama- es muy difusa, pero en ambos casos se actúa para respetar la voluntad del interesado. Dar, con las obvias cautelas que impone una cuestión tan trascendente como la vida, un paso adelante desde el punto de vista legislativo sería un signo de madurez social. El sentido común y el de la compasión han extendido en la sociedad española la convicción de que evitar sufrimientos a los enfermos sin ninguna esperanza ni calidad de vida es un acto de humanidad. Buena parte de los médicos también lo creen. La intolerancia de sectores ultraconservadores minoritarios no debería impedir un debate sereno, pero inaplazable.