Muchas gracias, señorías

El enfoque exminentemente juridicista del combate contra el proceso soberanista tiene para el Gobierno de Mariano Rajoy pros y contras. La gran ventaja, en términos de comodidad, es subcontratar a jueces y fiscales para hacer frente a un conflicto que, como sentenció el Tribunal Constitucional, es de raíz política y solo mediante el diálogo político puede encauzarse. A fuerza de recursos competenciales, querellas criminales y requerimientos personales, el Ejecutivo ha amontonado un sinfín de evidencias sobre el propósito del Govern y la mayoría independentista de dinamitar el Estado de derecho. El problema de activar a toda potencia la maquinaria judicial es que es difícil frenarla una vez en marcha. Díficil, no imposible.

El encarcelamiento de los nueve 'exconsellers' del Govern que han acudido puntuales a la cita con la juez de la Audiencia Nacional da otro vuelco, este dramático, a un contencioso que en los últimos días había entrado en fase de distensión. Hace una semana, a la proclamación de la «república catalana» en el Parlament le siguió la defenestración de todo el Govern, la intervención de la autonomía y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, sin que por ello se alterase la paz social ni el independentismo ofreciese resistencia. Antes al contrario, el soberanismo había acatado la expeditiva vía del 155 al anunciar su concurrencia a las urnas. Y la huida a Bruselas de Carles Puigdemont y algunos 'exconsellers' Carles Puigdemont, el «Govern legítimo» según el 'expresident', no solo no había alimentado la épica independentista, sino que más bien había sido motivo de sonrojo. 

Sin cuestionar (necesariamente) la división de poderes, es lícito preguntarse por qué la fiscalía ha pedido prisión incondicional para Oriol Junqueras y el resto de los imputados, salvo Santi Vila. Es cierto que las desproporcionadas penas de prisión  que solicita el ministerio público, unidas a la espantada belga encabezada por Puigdemont , dan verosimilitud al riesgo de fuga de los reos, pero no lo es menos que su disposición a declarar aconsejaba medidas cautelares más livianas, como la retirada del pasaporte o las comparecencias semanales en el juzgado.

UN INCENDIO EVITABLE

La jueza Carmen Lamela, tal vez sin saberlo, ha provocado un incendio político evitable, pero de imprevisibles efectos.  Meter preventivamente entre rejas a los 'consellers' depuestos refuerza argumentalmente al independentismo y devuelve todo el protagonismo a ANC y Òmnium, cuyos líderes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, también están en prisión. La lucha abandona los despachos para regresar a las calles. El trato de favor a Vila, penúltima esperanza del moderantismo soberanista, lo inhabilita definitivamente como presidenciable del PDECat. En nombre de aquellos a quienes bautizan como «presos políticos», las entidades podrán ahora imponer a los partidos, contra la voluntad de todos ellos, una candidatura única del independentismo en las elecciones, que querrán mudar de autonómicas a constituyentes. Y, a resultas de ello, el 21-D puede acabar sirviendo no para amainar el conflicto, sino para agudizarlo. Muchas gracias, señorías.