ANÁLISIS

Mentiras sobre mentiras

Las mentiras de los independentistas amparan las de los inmovilistas

Santi Vila sale de la cárcel tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta

Santi Vila sale de la cárcel tras pagar la fianza de 50.000 euros impuesta / periodico

ALBERT SÁEZ

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La dimensión desconocida es un espacio que favorece la propagación de mentiras e incluso su aceptación acrítica. En la última semana, con el autogobierno catalán reducido a la categoría de autonomía administrativa en virtud del 155, algunos analistas han evidenciado las mentiras de los partidarios de la declaración de independencia: ni reconocimiento internacional, ni mediación europea ni coste económico cero. Con este argumento han animado a los votantes independentistas a cambiar de opinión y rectificar el próximo 21-D. A pesar de lo acelerado del empeño, muchos confían en esta estrategia para abrir un nuevo escenario que pasa porque los que gobernaron hasta el sábado pasado no puedan, porque no suman, o no quieran, porque han abandonado la unidad de acción, conformar una mayoría parlamentaria.

No está claro que enfrente se pueda generar una alternativa, por mucho que galleen Rivera y Arrimadas, los partidarios del 155 puro y duro parten en esta carrera electoral de un suelo de 52 diputados y el 38 % de los votos. Para hacer un gobierno necesitan sumar al menos 16 diputados más. Difícil aunque no imposible. Lo que está claro es que para que se produzca semejante tsunami no solo han de pasar cosas en este bloque sino también en el independentista, sea a base de la desmovilización, de la desunión o de la desaparición de escena. Y para lograrlo o acelerarlo aparecen argumentos poco consistentes como el de denunciar la alienación mental de los votantes vía la disonancia cognitiva o simplemente la criminalización de los líderes vía las acusaciones de rebelión o sedición que comportan una violencia que sin ser demostrada en algún momento se exigirá que sea condenada, y sino al tiempo. Momento en el cual aparecerá el espectro de la ley de partidos aplicada con el argumento de que a pesar de todo lo que se dijo en el País Vasco sobre los efectos de la ilegalización de Batasuna, "no pasó nada".

Aplicación de la ley

Lo peor de una mentira es que sirve de amparo a otras. Sea por convicción o por conveniencia, Rajoy ha seducido a casi todo el Congreso de los Diputados que la única respuesta posible a lo que llama el "desafío catalán" es la aplicación de la ley. Habría que recordarle, aún y así, que la única manera de aplicarla no está en los tribunales. Cada día la casi totalidad de los ciudadanos del mundo cumplen la ley sin que ningún tribunal les requiera, el fiscal les investigue ni pasen por la prisión provisional.

La justicia es el último recurso, y la justicia punitiva un concepto a la baja entre los teóricos del derecho en favor de la justicia restaurativa como ha explicado en múltiples ocasiones la doctora Esther Giménez-Salinas. Sobre esta ambigüedad inmovilista se construye una segunda afirmación tan cuestionable como las de los líderes independentistas: los tribunales acabarán con el brote independentista.

Episodios como la respuesta al encarcelamiento de los Jordis o de todo el gobierno de Puigdemont que fue a declarar demuestran lo falsario de esa afirmación: se moviliza a los ciudadanos, se cohesiona al bloque independentista, se aleja a los comunes de sumarse a la alternativa, se debilita la posición del PSC y se rehabilita al gobierno cesado en la escena internacional, a costa de esto que la nueva inteligencia progresista ha bautizado como anglocondescendencia, la versión postmoderna del "qué inventen ellos" y del gasógeno.

Y es en este punto donde hay una auténtica, ahora sí, disonancia cognitiva entre quienes viven en Catalunya, piensen como piensen, y quienes no. Entre los primeros, nadie ha conocido en su entorno a ningún independentista que haya anunciado su disidencia tras una actuación judicial, y los que podrían hacerlo por una actuación política simplemente no la encuentran por ninguna parte. Llevar la justicia al terreno de la política es como reducir las empresas a sociedad mercantiles.