Estamos viviendo unos momentos muy difíciles: los datos nos muestran cada vez más claramente que nuestro sistema económico y financiero está en peligro. El crédito español se encarece, los bancos están cada vez más cerca de ser intervenidos y, en lugar de crecer, nos acercamos al decrecimiento. Es evidente que nos encontramos en una situación nunca vivida y que nadie tiene claro cuáles son las medidas más adecuadas para salir adelante.

leonard beard

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 25 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Dejo este debate en manos de los expertos en economía y los políticos -a pesar de que no parece que estén muy acertados- para centrarme en las consecuencias de la crisis, en el sufrimiento de la ciudadanía y, en especial, de los más vulnerables.

Todos sabemos que la falta de empleo es una de las causas de la pobreza, pero quizá no somos conscientes de que en Catalu-

nya tenemos hoy 250.000 familias sin ningún tipo de ingreso -el porcentaje ha aumentado el último año un 8,2%-; que el año pasado se practicaron 13.727 desahucios; que el 50% de los jóvenes están en paro; que un 51,7% de los parados hace más de un año que no trabajan, y que el índice de pobreza se encuentra alrededor del 21% (26% entre la infancia).

Podríamos seguir dando datos y más datos que ponen en evidencia el sufrimiento de muchas familias que no ven salida a su situación, pero quisiera aportar una segunda perspectiva de la crisis que nos proporciona el Informe FOESSA: en España, la renta disponible por persona cayó entre el 2007 y el 2010 cerca de un 9% en términos reales -lo que se ha traducido en una pérdida importante de bienestar general de la sociedad-, pero este dato hay que complementarlo con el análisis de la desigualdad. El índice Gini, que mide la concentración de la riqueza, nos muestra que la diferencia entre el 20% de los más pobres y el 20% de los más ricos se ha incrementado, pasando de un valor del 5,3% en el 2007 a uno del 6,9% a finales del 2010. Un porcentaje que sigue subiendo y que, en el contexto europeo, es precisamente en nuestro país donde más crece.

A la relevancia de este diferencial quisiera añadir todavía una tercera mirada que hace referencia a la inversión pública en protección social. Este indicador ha disminuido significativamente en el último año debido a los fuertes recortes, que han supuesto el debilitamiento de algunos de los derechos sociales subjetivos y han puesto esta inversión por debajo del nivel de la zona euro. A pesar de que las prestaciones de desempleo han hecho subir el gasto público en protección, nos situamos todavía en un nivel bajo, en el undécimo lugar de los 30 países europeos: con una inversión del 16,3% del PIB, estamos a casi cuatro puntos de la media de la Unión Europea (que es del 20%) y muy lejos de países como Dinamarca, que destinan el 25,1% del PIB. Si aceptamos que la pobreza se genera por el hecho de priorizar la búsqueda del beneficio particular, es evidente que el Estado como garante último de los derechos subjetivos debe disponer de los recursos necesarios para paliar estas diferencias y cubrir los mínimos para una subsistencia digna.

Ante esta realidad compleja, con problemáticas diversas, pedir que nadie se quede fuera de juego significa muchas cosas que van más allá de la aportación económica. Quiere decir que la ciudadanía debe tomar conciencia de su responsabilidad ante la pobreza, porque la provocamos entre todos sin darnos cuenta. Hoy hay más pobreza y adopta nuevos semblantes, los de personas que nunca habían imaginado verse privadas de los recursos más elementales y hoy están engrosando este colectivo.

Las razones son diversas. Algunas, fruto del modelo socioeconómico dominado por los intereses del mercado, que buscan el máximo beneficio aunque sea aplastando a los más débiles. Pero también de otros procesos más vinculados a actitudes individuales, como evadir impuestos y no aportar al Estado lo que es necesario para responder a las necesidades colectivas, o trabajar en la economía sumergida por el provecho inmediato de un ahorro fiscal.

El lema de la Marató per la pobresa que se celebra este domingo expresa el deseo de que aquellos que tienen más recursos económicos paguen más, e insta a que desaparezcan los paraísos fiscales, las economías sumergidas y las especulaciones. Aboga porque la diferencia entre los más ricos y los más pobres se reduzca, propone que haya más justicia social y más equidad, y pide que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo y que la acción solidaria gane a los intereses particulares.

Es verdad que la Marató per la pobresa pide dinero, pero a pesar de la necesidad innegable que tenemos de contar con este recurso

-que deseamos sea abundante-, lo más importante de esta convocatoria es conseguir que se modifiquen nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras acciones para construir una sociedad futura más justa. Confiemos en que el día 27 de mayo sea un hito sin retorno hacia esta nueva sociedad más igualitaria.

Presidenta d'Entitats Catalanes

d'Acció Social (ECAS).