Mas disfraza el referéndum de 'macroencuesta'

 Desde que el sábado el presidente de la Generalitat firmara el decreto de convocatoria de la consulta soberanista, los independentistas se han empleado a fondo en destacar que el 9-N pretende ser una mera encuesta de opinión para, posteriormente, plantear una reforma constitucional. Pero la "habilidad" y "astucia" de Artur Mas no han servido para evitar la suspensión del 9-N por parte del Constitucional.

Aunque aún puede tener otras cartas guardadas en la manga, ahora ya sabemos a qué se refería Artur Mas cuando decía que iba a utilizar la "habilidad" y la "astucia" para que David (la Generalitat) venciera a Goliat (el Estado). La habilidad y la astucia están contenidas en el decreto de convocatoria de la consulta soberanista, firmado con gran solemnidad el pasado sábado, aunque las filigranas jurídicas no servirán para conseguir el objetivo que se pretende: votar el 9 de noviembre.

Tanto el preámbulo como el artículo 2 del decreto intentan sortear la negativa del Gobierno central y el rechazo del Tribunal Constitucional (TC) con una apelación a la Constitución y al Estatut. El artículo 2 dice que "el objeto de la consulta es conocer la opinión de las personas llamadas a participar sobre el futuro político de Cataluña (...) con la finalidad de que la Generalitat pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde".

Como en el preámbulo se citan los artículos 87 y 166 de la Constitución, solo puede entenderse que esta "iniciativa legal" se refiere a una reforma constitucional que se promovería desde Cataluña. Es decir, el decreto quiere hacer creer que los catalanes van a ser consultados --como si fuera una mera macroencuesta-- sobre si desean que la Generalitat impulse una reforma de la Constitución.

¿Reforma constitucional?

Pero entonces, ¿por qué no se pregunta en la consulta si los catalanes quieren una reforma constitucional, en lugar de requerirles sobre si desean que Cataluña se convierta en un Estado y, en caso afirmativo, si ese Estado debe ser independiente, como recoge el artículo 3 del decreto, que reproduce la doble pregunta acordada por las fuerzas soberanistas el 12 de diciembre de 2013?

En segundo lugar, si lo que se pretende realmente es una reforma de la Constitución, ¿por qué no se hace lógicamente al revés, se promueve primero desde Cataluña la reforma y se pone después el resultado a votación, como proponen, entre otros, los socialistas? Para impulsar la reforma constitucional, no es necesaria ninguna macroencuesta para conocer la opinión de los catalanes. Las instituciones pueden hacerlo, de acuerdo con los artículos de la Constitución que cita el mismo decreto.

A propósito de la macroencuesta, los portavoces del soberanismo se han empleado a fondo durante todo el fin de semana en destacar que la consulta es una mera encuesta porque solo aspira a "conocer la opinión" de los catalanes y está fundamentada en la Ley de Consultas Populares no Referendarias y de Otras Formas de Participación Ciudadana aprobada el 26 de septiembre por el Parlament. Mas ha repetido que se trata solo de saber qué piensan los catalanes, no de declarar la independencia, pero, para sorpresa de ingenuos, toda la prensa internacional ha hablado de referéndum.

La ley de consultas fue apoyada incluso por el PSC, pero con la advertencia de que no puede utilizarse para la consulta soberanista. La ley puede ser constitucional si se limita a consultar sobre las cuestiones en que la Generalitat tiene competencias, pero deja de serlo, como con seguridad dictará el TC, en cuanto se usa para preguntar sobre la independencia, lo que excede las atribuciones del Gobierno catalán. Y el decreto plantea sin duda la opción de la independencia.

Para diferenciarla de un referéndum, que necesita la autorización del Estado, no vale el argumento de que la consulta tiene carácter consultivo porque el referéndum del artículo 92 de la Constitución también lo tiene. Tampoco parecen suficientes los trazos diferenciales que contiene la ley de consultas precisamente para que no se considere un referéndum: registro de población en lugar de censo, voto desde los 16 años en lugar de los 18, comisiones de control en lugar de juntas electorales, etcétera.

El TC se pronunciará con seguridad en el sentido de que la consulta es equiparable al referéndum. Con otras palabras, naturalmente, pero será como emplear aquel proverbio anglosajón atribuido al poeta estadounidense James Whitcomb Riley: "Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces es que probablemente es un pato".

Preguntas y elecciones

De momento, el TC ha suspendido por unanimidad la consulta al admitir a trámite los dos recursos del Gobierno. ¿Qué pasará después? ¿Cómo reaccionará Mas? En dos entrevistas concedidas este fin de semana a TV-3 y La Sexta, el president ha asegurado que se mantendrán los preparativos --ya puestos en marcha-- para la consulta, frente a la opinión generalizada de que la suspensión implica la paralización de toda actividad relacionada con el 9-N.

Los partidos soberanistas interpretan que si la suspensión es "cautelar", ese término les autoriza a seguir actuando. "Cautelarmente, seguiremos tomando las decisiones para hacer posible el 9 de noviembre", ha declarado con gran aplomo el número dos de Convergència, Josep Rull. Este será, pues, el primer episodio del enfrentamiento que se dibuja ante el 9-N.

Las dos entrevistadoras no consiguieron que Mas se pronunciara sobre si la consulta se celebrará aun estando suspendida. En TV-3 fue algo más lejos al asegurar que los catalanes votarán (no dijo cuándo), pero precisando (novedad) que votarán las preguntas de la consulta. Eso solo se puede interpretar como que, en unas elecciones autonómicas (las llamadas plebiscitarias), al menos los programas de los dos principales partidos soberanistas (CDC y ERC) incluirán esas preguntas. Está por ver si en lista única CDC-ERC o por separado.

Al margen de los laberintos para sortear la legalidad, en lo que Mas tiene toda la razón es en que Cataluña plantea al Estado un problema político que tiene que abordarse políticamente, y no solo legalmente. Está claro que, aunque la consulta no se lleve a cabo el 9-N, el problema seguirá vigente. ¿Está esperando Mariano Rajoy el fracaso del 9-N para plantear después una alternativa? Es dudoso que así sea. También lo es que Mas agotara, como sostiene, la vía del acuerdo tras la negativa de Rajoy a conceder a la Generalitat el pacto fiscal solicitado en septiembre de 2012.

Puro Pujol

Aunque quizá lo pretendiera, la firma del decreto de la consulta no ha conseguido apagar los ecos de la bochornosa comparecencia en el Parlament del expresidente Jordi Pujol. Tras leer una decena de folios sobre la trayectoria de su padre y sobre cómo llegó a cuentas en el extranjero el dinero del fraude que confesó el 25 de julio, Pujol no contestó a ninguna pregunta y, en lugar de hacerlo, abroncó a los diputados.

Pero, en contra de muchas opiniones, la comparecencia sirvió para mucho. Sirvió para que las jóvenes generaciones conocieran qué era y cómo era el pujolismo. Fue Pujol en estado puro. Frente a una oposición en general respetuosa --solo Alicia Sánchez-Camacho (PP) estuvo realmente agresiva, y tenía perfecto derecho a estarlo--, la respuesta fue el silencio y la bronca a los diputados, tratados como niños. Una bronca descomunal, acompañada de mala educación, aspavientos con las manos, miradas inflamadas y gritos entrecortados por la ansiedad del cabreo.

Esa actuación y algunas reacciones posteriores permiten entender cómo este hombre gobernó Cataluña durante 23 años sin apenas oposición. La encuesta a la audiencia en el programa de Josep Cuní en el canal 8TV el mismo viernes de la comparecencia produce sonrojo: un 75% estaban a favor de la bronca de Pujol a los diputados y solo un 25% en contra.

Artículo publicado en Zoomnews.es