Más diálogo y menos conflictos

La pérdida por el PP de la mayoría absoluta y la necesidad de pactar con otras fuerzas para gobernar está replanteando también el enfoque desde el Gobierno del proceso soberanista en Catalunya. En este sentido, se ha lanzado la llamada 'operación diálogo', que aún se encuentra solo en posiciones de tanteo. Por una parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría se abre a plantear una reforma constitucional y a discutir los 46 puntos reivindicados por los presidentes Mas y Puigdemont, pero sin concretar, mientras que por parte de la Generalitat se estima que el diálogo es por ahora solo un eslogan que los hechos siguen desmintiendo.

Del nuevo clima parece ser que participa asimismo el presidente del Tribunal Constitucional (TC), quien expresó en un reciente encuentro con periodistas el deseo del alto tribunal de que se produzca un mayor diálogo que frene la judicialización de la política y evite que cualquier conflicto entre los Gobiernos de Madrid y Barcelona acabe en el TC. Nada menos que el 90% de los asuntos en manos del Constitucional afectan a Catalunya, con recursos interpuestos por una parte o por la otra. Desde que se inició el 'procés', el TC ha fallado nueve veces y siempre a favor del Ejecutivo de Rajoy.

LA IMPUGNACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Quedan aún tres cuestiones pendientes y, si no se aborda el conflicto desde la política, los recursos irán aumentando. La impugnación de los presupuestos de la Generalitat por incluir partidas para el referéndum unilateral puede ser la próxima iniciativa. Y, sin embargo, la voluntad de tratar el conflicto políticamente, sin olvidarse de la ley, tiene un antecedente en una resolución del propio TC en el inicio del 'procés'.

En la sentencia del 25 de marzo del 2014, que resolvía como inconstitucional la declaración soberanista del Parlament de un año antes, el TC ya admitía el derecho a decidir pero no como un sinónimo del derecho de autodeterminación o como una atribución de soberanía, sino «como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional» e instaba a la Cámara catalana a proponer una reforma constitucional. En cuanto al «diálogo», señalaba que los poderes públicos «están llamados a resolver» con él los problemas sobre el estatus jurídico de las autonomías. Esta sentencia, tan novedosa como olvidada, puede ser un buen punto de partida para el diálogo que se proclama.