El proceso soberanista

Mas y el cuento de las pensiones

Es un engaño decir que con un Estado catalán las jubilaciones estarían mejor garantizadas y no explicar cómo

JOAQUIM COLL

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El debate sobre las pensiones va a convertirse en un tema central cara al 27-S. Los mayores de 65 años son el colectivo más reacio a apoyar grandes sacudidas políticas, mientras que los que están cerca de jubilarse observan con lógica inquietud un escenario de tanta incertidumbre como el que propone Artur Mas. Por eso el president se esfuerza en repetir que nadie debe sufrir por el futuro de las pensiones con argumentos que de entrada pueden resultar tranquilizadores. Primero nos recuerda que el sistema español es de reparto, es decir, los pensionistas reciben su dinero gracias a que hay trabajadores que aportan sus cotizaciones a la Seguridad Social. Y segundo, que en Catalunya la tasa de paro es inferior a la media española y los salarios un poco más altos, con lo cual «las pensiones no solo estarían mejor garantizadas sino que incluso podrían ser más altas en un Estado catalán», promete Mas. Pero la cosas no son tan sencillas, y no todo lo posible es conveniente.

La secesión por sí misma no garantiza mejores pensiones, porque estas dependen del mercado de trabajo y la economía en general. Los separatistas quieren hacernos creer que un escenario de ruptura tan grave como el que persiguen no provocaría efectos negativos o que serían pasajeros. El debate sobre cuánto caería el PIB catalán a corto plazo es muy complejo. Hay riesgos mensurables, como el de levantar nuevas fronteras, pero la incertidumbre derivada de un proceso de estas características es imposible de precisar. Lo que sí sabemos es que el comercio con el resto de España, que obtuvo un superávit de más de 15.000 millones en el 2014, se vería lastrado por los costes arancelarios y la ruptura del mercado, con consecuencias más devastadoras que el temido boicot inicial hacia los productos catalanes. Y estas pérdidas, así como los enormes gastos de crear un nuevo Estado, no podrían compensarse con los famosos 16.000 millones que «cada año salen de Catalunya y no vuelven», según reza la propaganda soberanista. Sencillamente, porque esa cifra es mentira, como han demostrado Josep Borrell Joan Llorach en el libro Las cuentas y los cuentos de la independencia (2015). El propio conseller Mas-Colell ha reconocido que solo habría un «pequeño excedente» fiscal (unos 2.500 millones), insuficiente para cubrir el agujero de las pensiones catalanas, que, con datos oficiales, va camino de superar los 5.000 millones este año.

Es verdad que en Catalunya los salarios son algo más altos que en el resto de España y que la tasa de ocupación ha sido siempre mayor, pero el gasto en pensiones es también superior. Hay más personas, en proporción, cobrando pensiones contributivas, con importes más elevados de media (unos 500 euros anuales de diferencia) y durante más tiempo, no solo porque la crisis de la industria ha provocado muchas prejubilaciones sino porque la esperanza de vida es también algo superior. Afirmar que las pensiones estarían mejor garantizadas en un Estado catalán y serían más altas que ahora es un engaño si no se explica cómo se piensan financiar, sobre todo con la próxima llegada a la jubilación de la generación del baby-boom que va a agravar muchísimo las tensiones de la Seguridad Social.

Tras escuchar el monólogo de Mas sobre esta cuestión en TV-3, el diputado Joan Coscubiela, que como exsecretario general de CCOO de Catalunya conoce bien la materia, reclamaba un debate serio en lugar de actos de fe. No podemos olvidar, escribe en su blog, que el futuro de las pensiones en toda Europa está marcado por tres factores: el envejecimiento de la población, el agotamiento del modelo de financiación exclusivamente a través de cotizaciones sociales y la oposición de muchos poderes a sostener el sistema mediante nuevos impuestos. Así pues, el objetivo de los que somos partidarios de garantizar pensiones públicas dignas, no puede ser otro que el de lograr una reforma que aumente los ingresos. Pensar que los problemas se resuelven rompiendo el Estado español, segregando los territorios más ricos, es un espejismo que refleja una mentalidad egoísta, inaceptable si  uno es mínimamente de izquierdas (que nada tiene que ver con el nacionalismo progre de Raül Romeva).

En un escenario de ruptura unilateral como el que plantea Maslas consecuencias serían funestas al situarnos no solo fuera del eurosistema y de la UE, sino de la legalidad internacional. Si  esa secesión se materializase, los catalanes quedaríamos a la intemperie en muchas cuestiones socialmente relevantes. La suscripción que debería efectuar el nuevo Estado a cientos de tratados y convenios internacionales sería imposible en esas circunstancias, lo que provocaría perjuicios enormes, desde no cobrar la pensión española hasta la desatención sanitaria en toda Europa. Alerta, pues, con los bonitos cuentos de la independencia.