Más allá del 9-N

Fieles a sus respectivos guiones, Artur Mas Artur Masha firmado la convocatoria del 9-N 9-N y Mariano Rajoy Mariano Rajoyse dispone a bloquearla, Tribunal Constitucional (TC) mediante. En una batalla que ahora toma forma jurídica ante la deserción del diálogo político, ambas partes juegan al equívoco. Lo hace el bloque soberanista cuando presenta la consulta como una inocua macroencuesta de opinión, pese a que sustituye al referéndum, con todas las letras, que planteó el Parlament y que el Congreso no le autorizó a celebrar. Pero también el Gobierno se apunta a la anfibología cuando blasma de «ilegales» ley y consulta, a sabiendas de que al alto tribunal, ley en mano, no le queda otra que dictar su inmediata suspensión, sin prejuzgar siquiera su encaje constitucional.

En un acto de picardía jurídica, el decreto de convocatoria vincula el veredicto de la consulta independentista --de celebrarse-- a una propuesta de reforma constitucional para la que el Parlament sí está habilitado. Pocas dudas caben acerca de la acogida que tendría en las Cortes una iniciativa constitucional de secesión, pero la argucia de Mas va mucho más allá del 9-N: ansía ensanchar el terreno de juego y superar los plazos perentorios.

Con esta cláusula, el 'president' busca amparo en la reciente jurisprudencia del alto tribunal, que el pasado marzo sentenció que el llamado «derecho a decidir», entendido como «aspiración política», puede canalizarse mediante una reforma de la Carta Magna. Pero, sobre todo, Mas pretende que, abundando en su doctrina, el Constitucional ejerza de rompehielos en el glaciar conflicto político entre Catalunya y el Estado, habilitando de paso una salida en el presente y umbrío callejón.

La responsabilidad del TC

Ninguna ley obliga al Constitucional a celebrar el martes un pleno extraordinario para suspender el plebiscito, cosa que hará. De igual modo, nada impide que, si los magistrados se lo proponen, dicten sentencia sobre la consulta antes del 9-N, sustituyendo el frustrante portazo por una puerta entreabierta. Puesto que con el fallo contra el Estatut comenzó este embrollo, es responsabilidad del Constitucional contribuir a su resolución.