ANÁLISIS

El Trump International Hotel y la cláusula anticorrupción

Es difícil que se demuestre un nexo entre la política de EEUU y los intereses del presidente, pero no tanto que un juez le obligue a apartarse de sus negocios

El presidente Trump, en un acto público en Washington, ayer.

El presidente Trump, en un acto público en Washington, ayer.

MAR AGUILERA

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El Gobierno de Arabia Saudí se ha gastado millones en el Trump International Hotel de Washington DC. Por el hotel de lujo han pasado diplomáticos y personalidades extranjeras de países tan diversos como India y Afganistán. La noche en el siempre dorado hotel cuesta más de 600 dólares. Las valoraciones en las webs de búsqueda de hoteles son contundentes: un diez sobre diez. Es la ‘marca Trump’. En Nueva York, el Banco Internacional de China –un ente público– tiene su sede en la Torre Trump. Desde que es presidente, el 'holding' Trump ha obtenido rebajas fiscales en más de un estado, y poco se sabe de sus negocios en el extranjero.

Tampoco ha depositado sus negocios en un fondo ciego como han hecho sus antecesores. Los ha dejado en manos de sus hijos, con los que dijo primero que no hablaría y más tarde se desdijo: "Por supuesto que me ponen al día de lo que pasa con mis finanzas". La cláusula anticorrupción de la Constitución prohíbe al presidente "aceptar sin permiso del Congreso cualquier regalo, emolumento, cargo o título de cualquier naturaleza de un rey, príncipe o estado extranjero". Los fiscales generales de Maryland y del Distrito de Columbia, Brian E. Frosh y Karl Racine, demócratas, el lunes pasado demandaron a Trump ante los tribunales federales. Sabemos, según denuncia Frosh, que los gobiernos extranjeros están gastando dinero en el Trump International Hotel de Washington DC para caer en gracia y conseguir favores del presidente de Estados Unidos. Trump no se ha distanciado de sus negocios y por lo tanto hay un tema de incompatibilidades. Para los fiscales no hay que probar nada más. No dicen que el presidente sea corrupto hoy, sino que es "corruptible" y eso ya pone, afirman, la democracia en riesgo. Se trata de una cuestión constitucional y no criminal. Lo que pretenden los fiscales es que el tribunal federal exija a Trump que se aparte de sus negocios, lo que, afirman, los otros presidentes han hecho por razones morales.

Dos días después, el miércoles, 200 congresistas demócratas han presentado otra demanda contra Trump por sus negocios en el extranjero. A principios de año los hoteleros y restauradores de Nueva York también demandaron a Trump exigiendo el derecho a competir en condiciones de igualdad. Ahora a Trump le toca contestar a la demanda. Tiene 60 días. ¿Todo ello puede llevar a un proceso de destitución? Es poco probable. Solo dos presidentes, Andrew Johnson y Bill Clinton, lo han sufrido en el Congreso y han sido absueltos por el Senado. Nixon dimitió antes. El proceso de destitución solo se pondrá en marcha por cuestiones criminales y es un proceso político. Los aspectos penales deben haberse dirimido antes en los tribunales. Es complicado que estancias en hoteles puedan llegar a considerarse sobornos o que se pueda demostrar un nexo entre la política de Estados Unidos y los intereses de Trump. Lo que sí puede ocurrir es que un juez federal obligue a Trump a revelar sus declaraciones de impuestos y a apartarse de forma clara de sus negocios.