Un síntoma de normalidad policial

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, José María Romero de Tejada, reunió ayer a los responsables de la fuerzas de seguridad –Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil–para detallarles la instrucción del fiscal general del Estado en la investigación sobre los delitos que presume que se pueden cometer entorno a la convocatoria del pretendido referéndum del próximo 1 de octubre por parte de la Generalitat. Todos los focos se pusieron de inmediato en uno de los asistentes a la cita, el mayor Josep Lluís Trapero. A última hora de la noche, el máximo responsable de la policía catalana trasladó a los agentes la instrucción de la fiscalía y centralizó en la comisaría de Información la recogida de los correspondientes atestados. Lejos de la épica y de la excepcionalidad que algunos quieren poner a este asunto, lo cierto es que situaciones de esta índole se producen a diario, puesto que entre las funciones de los cuerpos policiales está el auxilio de jueces y fiscales en la persecución de cuantos delitos tengan conocimiento. No siendo ellos, además, quienes los tipifican, sino el poder legislativo legítima y legalmente constituido. Si esta situación no fuera tan atípica diríamos incluso que esa reunión y esa orden ni siquiera merecerían ser noticia, ni mucho menos el despliegue de cámaras y micrófonos que tuvieron. 

    La senda que el Govern de la Generalitat y la mayoría parlamentaria que lo sustenta pusieron en marcha la semana pasada lleva desgraciadamente a situaciones de este tipo. Por eso resulta sumamente chocante que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijera ayer que los Mossos no han de hacer política sino velar por la seguridad de la gente. Estaría bien que en sus decisiones les ayudara a cumplir estrictamente con esa misión. Mientras, los Mossos, como hicieron ayer mismo, deben ejercer como policía judicial allí donde sean requeridos, porque no están al servicio de sus dirigentes políticos sino de los ciudadanos. El episodio de ayer hay que enmarcarlo, pues, dentro de la normalidad más absoluta. Y aunque Puigdemont se haya saltado su propio principio, hay que advertir que los Mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil tampoco están para suplantar a quienes nunca han querido abordar esta cuestión como un asunto político.