Lucro y sanidad pública

Hace poco el CEO preguntaba a la ciudadanía, a raíz de la política de desprivatizaciones que se está llevando a cabo desde la gestión actual de la Conselleria de Salut de  la Generalitat, si creía que las empresas privadas debían tener un lugar destacado dentro del sistema sanitario público. Una gran mayoría de los encuestados respondió que no. Más allá del dato puntual, lo más relevante es el debate ideológico que suscita.

La controversia de la colaboración público-privada tendría que abordarse con serenidad. Es evidente que debe prescindirse de los dogmatismos que ven intenciones pérfidas en todo aquello que no sale directamente de los presupuestos de la Administración. En nuestro modelo sanitario abundan ejemplos de trabajo conjunto que fortalecen el Estado del bienestar. Podemos hablar de los casos de Sant Joan de Déu o la Fundació Puigvert. Pero deberíamos plantearnos si no sería mejor proveerlo de otro nombre para evitar equívocos –podría ser colaboración público-social– si tenemos en cuenta que estamos hablando de instituciones gestionadas por el tercer sector. También es fructífera la obra del mecenazgo y, por ejemplo, las fundaciones de La Caixa y Cellex tienen un papel capital en la investigación médica en Catalunya.

Dicho esto, debemos estar atentos para que en nombre de la cooperación público-privada no se nos dé gato por liebre y ese no sea solamente un título lustroso para el enriquecimiento de unos pocos con los recursos de todos. En un ámbito tan sensible como el de la sanidad, es muy importante que tengamos claro que las decisiones se toman lo menos condicionadas que sea posible por una eventual ganancia económica. Por ese motivo, la ley de ordenación sanitaria de Catalunya, aprobada en 1990, establece que los proveedores públicos deberán tener preferencia respecto de los privados, y que entre estos segundos deberán priorizarse los que no tengan afán de lucro. La política de Comín no hace otra cosa que seguir el espíritu de esta ley.