Los nuevos límites de los altos cargos

La web de información del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es) anunciaba el pasado jueves que en el Boletín Oficial del Estado de ese día se publicaba una orden ministerial «reguladora del gasto y dietas de desplazamiento para el sector público estatal». Sin duda un buen reclamo informativo para la penúltima semana de agosto, en plenas vacaciones, y tras la sucesión de noticias de los últimos meses sobre despilfarro en instituciones públicas, en las antiguas cajas de ahorro, las denuncias de Podemos y otros contra «la casta» o los cambios que esta fuerza política ha empezado a aplicar, aunque sea con carácter simbólico, en las instituciones en las que ha accedido al poder.

La opinión pública tiene cada vez más fuerza, las redes sociales y la facilidad de montar una campaña masiva de denuncia va en aumento. Los responsables políticos cada vez son más conscientes de que ahora hay que ser mucho más transparentes que en el pasado. Y, en este contexto, el Gobierno publica la citada orden y lo anuncia para darle más repercusión. Este objetivo lo logró.

Otra cosa es que a las pocas horas arreciasen las críticas desde la oposición tanto por lo que consideraron oportunismo de la medida, como por el hecho de que llegue tan tarde. Porque, de hecho, se trata del desarrollo de una ley del 2012, vinculada a la reforma laboral. Esta última se desplegó con la máxima rapidez. Tanta, que fruto de la precipitación entre otros motivos, muchas de sus normas han acabado anuladas en los tribunales por su contradicción con otras superiores. Con los altos cargos no ha habido tanta urgencia, por lo que se ve.

La orden es muy racional, tanto que si se le aplica el refrán «dime de que presumes y te diré de que careces» se deduce que estas no eran las prácticas habituales hasta ahora, o había mucho margen para sobrepasarlas, dada la necesidad de regularlas. Entre otras medidas se establece que los altos cargos deberán utilizar transporte público en sus desplazamientos, usar tarifa turística tanto en avión como en tren, o una tan obvia como la «aplicación de criterios restrictivos en cuanto al número de personas a desplazar, evitando desplazamientos innecesarios de equipos de trabajo», en la misma línea de la que recomienda que se fijen criterios «estrictos» para evitar «antelaciones o prolongaciones injustificadas de estancia en destino».

Ante el revuelo, el propio ministerio se consideró obligado a aclarar que muchas de estas normas ya se aplican, y que se trataba de darles una mejor cobertura legal. En fin, que se habían pasado de propaganda. O que esta, en realidad, había dejado en evidencia determinadas prácticas de funcionamiento a cargo del erario que hay que erradicar.