Los nuevos alcaldes no pueden esperar

El PP es muy exigente sobre el consenso imprescindible para reformar la Constitución en lo que no le conviene; pero exhibe una gran flexibilidad para cambiar por la simple mayoría absoluta la ley electoral local, que pese a ser una ley orgánica se ha considerado asociada al bloque constitucional, requiriéndose para su modificación tres quintas partes de los votos. El PSOE y otros partidos llevan años proponiendo reforzar el papel de los alcaldes. Ahora alegan falta de tiempo para afrontar el tema. El miedo y el partidismo forman parte de la política, como los grandes propósitos ideológicos. Y eso es lo que hay: horror a perder alcaldes y resistencia a reconocer una iniciativa del adversario.

La elección directa de los alcaldes goza de consenso, aunque no la fórmula concreta de materializarla. La propuesta inicial del PP es muy decepcionante. Limitarse a primar al candidato que obtenga un 40% de los votos con la mayoría de los concejales es casi una estafa democrática. La elección directa clásica requiere de una doble vuelta salvo mayoría absoluta en la primera, dando así oportunidad al resto de fuerzas a mostrar a los electores su capacidad de pacto. Implica también un gobierno municipal mucho más ejecutivo en torno al alcalde y un pleno más centrado en el debate y el control, además de la limitación de mandatos propia de los presidencialismos. No son reformas menores, pero no puede aceptarse la imposibilidad de hacerlo en nueve meses, cuando en una noche se abrió la puerta constitucional al derribo del Estado del bienestar a cuenta del límite del déficit público. Una ley electoral se hace con un mapa y una calculadora, lamentablemente, pero si unos y otros quieren recuperar crédito ante los ciudadanos deben ponerse manos a la obra; su tiempo se agota.