Los enigmas de Aena

La oferta pública de acciones de Aena que ha hecho el Gobierno español, hasta ahora su único propietario, ha sido un éxito. El 49% de sus títulos ha pasado a manos de entidades o individuales privados que han tenido que dar muchos codazos para hacerse con una parte del pastel. En estas primeras semanas la Bolsa recompensa con creces los moratones recibidos con una cotización muy por encima del precio que tuvieron que abonar. Al señor Montoro los más de 4.000 millones de euros ingresados le vendrán de perlas para cuadrar sus cuentas anuales tan estrechamente vigiladas desde Bruselas.

La actual estructura de Aena no permite dejar su gestión en manos privadas. De los 46 aeropuertos y dos helipuertos que integran su red pueden contarse con los dedos de una mano los que dan beneficios. La mayoría requieren litros de tinta roja para expresar sus resultados. Si, como enfáticamente proclama el actual Gobierno, es impensable desmembrar su actual estructura, ya no puede darse un segundo paso hacia la privatización pues conllevaría la pérdida de la mayoría por parte del sector público. La configuración actual de Aena es incompatible con la lógica de la gestión privada.

A los titulares privados de las acciones les corresponde el papel de convidados de piedra. Como minoritarios deberán acatar las decisiones del socio mayoritario cuyo interés no es el beneficio sino el mantenimiento de un proyecto en cuya base prioridades políticas prevalecen sobre la rentabilidad. Para asegurar a los minoritarios de que sus intereses no serán en exceso sacrificados en aras de otros fines, el Gobierno ha asumido algunos compromisos. El primero es que como mínimo la mitad de los beneficios será repartida como dividendo. El segundo es que las actuales tarifas aeroportuarias serán inamovibles hasta el 2025, lo que evita toda tentación de jugar con ellas para ganar votos o para contentar a los barones autonómicos.

Estas promesas pueden ser suficientes para tranquilizar a los pequeños accionistas individuales, acostumbrados a que los derechos políticos que legalmente pueden ejercer a través del voto sean de hecho papel mojado. Entre una acción y una obligación no ven grandes diferencias desde el punto de vista de la participación en la gestión de una sociedad anónima. Por lo tanto si infieren que un monopolio como Aena, con los compromisos relatados, puede darles una rentabilidad más atractiva que la renta fija es lógico que acudan a la oferta pública de venta como moscas a un pastel de rica miel.

Papel de los grupos financieros

Más extraño es que también grandes grupos financieros se pelearan por quedarse con paquetes sustanciosos de las acciones ofrecidas. La idea del Gobierno era constituir lo que se conoce como un núcleo duro de tres grandes accionistas que, a su vez, tuvieran experiencia en la gestión aeroportuaria y pudieran asesorar, e incluso supervisar, a los servidores públicos responsables de la gestión. Algo menos de la mitad del 49% del capital en venta ha acabado en sus manos supongo que con el compromiso de mantenerse como socios estables y alejarse de toda especulación con los títulos adquiridos. Finalmente este núcleo duro está constituido por Ferrovial, encargado de la gestión de varios aeropuertos británicos, la familia March y -¡oh sorpresa! - un fondo de inversiones extranjero cuyo nombre evoca fines benéficos: the Children's Fund.

Desconozco los tratos entre estos tres componentes del núcleo duro y el accionista mayoritario. La famosa transparencia no parece aún haber llegado a las pistas de despegue o de aterrizaje. Pero cuesta creer que Ferrovial, por ejemplo, con su potencia y su know-how se resigne al papel de comparsa o incluso de asesor áulico y se limite a cortar el cupón del reparto de dividendos. Su ambición, lógicamente, es tener mando en plaza y a ser posible en exclusiva. Ello solo puede ocurrir si hay un cambio en el criterio del Gobierno o bien si los vaivenes electorales tiñen a la Moncloa de un color político distinto.

La solución actual es inestable. Cierto que ha permitido mejorar el balance de Aena y reducir el endeudamiento que, a juicio de algunos expertos, era demasiado elevado. Según parece, quien más presionó a favor de esta solución fue el actual presidente del organismo aeroportuario. Supongo que, en parte, por ver en ella la llave para conseguir cierta independencia frente a la Administración y liberarse de las presiones que pudiera ejercer para ganar votos. Pero también sorprende la aparición de noticias que comparan la gran diferencia que hay entre los sueldos que perciben los altos ejecutivos, considerados funcionarios del Estado, con los de entidades similares privadas que funcionan en el extranjero. En cualquier caso seguro que la operación Aena aún no ha finalizado. Todo está demasiado cogido con pinzas.

Economista