Los enemigos íntimos del federalismo

Albert Sáez

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Manuel Cruz, presidente de Federalistes d'Esquerres, destaca que Alfredo Pérez Rubalcaba, en el pleno del Congreso del pasado 8 de abril sobre la consulta catalana, desmintió definitivamente el escepticismo de muchos catalanes -especialmente independentistas- sobre la existencia de una oferta federal desde España. No le falta razón. Hasta ese día, las voces federalistas en España estaban ausentes, o por lo menos silenciadas. Llevaban al menos cuatro años así, el lapso que separa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut del 2006 en julio del 2010 y este pleno sobre la autodeterminación. Y esa ausencia me temo que no es atribuíble en este caso a los medios públicos catalanes ni a lo que algunos amigos de Cruz llaman "la prensa subvencionada" catalana.

La oferta de Rubalcaba -basada en la Declaración de Granada del PSOE y sustentada en una reforma constitucional- parece que no quedará en saco roto. Rápidamente, tras el pleno, el todavía líder del PSOE se hizo una foto de oportunidad con quien podría ser su segundo aliado catalán en el empeño además del PSC: Duran Lleida y anunció que tramitará una propuesta tras las elecciones del 25-M. Puede ser un ataque sobrevenido de federalismo o simplemente la constatación de que sin la resurrección del PSC, los votos andaluces no serán suficientes el 25-M. Con todo, no hay mal que por bien no venga. Al fin y al cabo Rubalcaba no hace sino reeditar el órdago de Zapatero en vísperas del 11-M cuándo abrazó el federalismo del PSC en su templo del Palau Sant Jordi con aquel "apoyaré el Estatut que apruebe el Parlament". Eran otros tiempos, Maragall presidía la Generalitat con ese independentismo que ahora algunos dirigentes socialistas califican de prefascista y ese Gobierno fue una de las palancas para desalojar a Aznar de La Moncloa una y otra vez, con aquel "si tú no vas, ellos vuelven".

La historia no empezó en la Diada del 2012, y de la misma manera que muchos insisten una y otra vez en rememorar la antigua moderación de CiU, harían bien en recordar como Maragall llegó a gobernar a partir de la transgresión y como puso en marcha la ponencia del Estatut sin tener nada acordado con el Gobierno de España. Maragall creyó que podía hacer realidad el proyecto federalista. Y se la jugó, y fue un socialista el que lo desalojó del Palau de la Generalitat en una reunión con Mas en el Palacio de La Moncloa. Todo un ejercicio del "derecho a decidir" avant la lettre.

Nadie con dos dedos de frente duda hoy que la salida federal sería la más razonable en el contexto europeo si España la quisiera. Muchos catalanes no dudarían en tomar esta opción como han defendido durante años desde la propia ERC y, no hay que olvidarlo, desde el PSC. Como seguramente constata a menudo el propio Cruz hoy, en Catalunya, los más escépticos con el federalismo del PSOE ya no son los nacionalistas románticos ni los independentistas hiperventilados sino los catalanistas del PSC, y lo son no por una moda pasajera sino porque vivieron en primera persona el "vía crucis" del Estatut y la cicatera negociación de un nuevo sistema de financiación, no muy diferente -por cierto- del que ahora se propone como la panacea desde el PP para evitar la consulta soberanista.

En el período 2005-2010, el federalismo socialista defraudó sucesivamente a independentistas de izquierdas, a nacionalistas de derechas y a federalistas catalanes. Ahora, desde las tribunas privilegiadas -no desde las cavernas- se desacredita a todos los antiguos socios del federalismo español y se prefiere convivir con sus enemigos íntimos: el nacionalismo español más rancio y el jacobinismo más trasnochado. Solo la ceguera tan bien descrita hace unos días por Francesc Serés en El Pais explica que se prefiera ir de la mano de los que recogieron -ilegalmente- firmas contra el Estatut aprobado en la sede de la soberanía nacional indivisible que es el Congreso de los Diputados, de los que tacharon a Catalunya de insolidaria hasta hacer creíble el "Espanya ens roba", de los que hackearon el Tribunal Constitucional hasta eliminar los rasgos federalizantes del Estatut,... Esos son los que, desde 1976, boicotean el proyecto federal en España cuando una tarde de otoño, Alfonso Osorio impuso a Alfonso Guerra la condición sine qua non para la reforma política: "la provincia como circunscripción electoral y la fijación de un número de mínimo de diputados por provincia (4) al margen de la población", como explica Victoria Prego. Unas premisas electorales -que siguen vigentes- y que se hicieron a la medida de los barones de la Falange que querían conservar el poder y que el PSOE y Pujol usaron a su favor. Ese es el orígen de la política del turno a nivel de Estado y de la hegemonía de los nacionalismos vasco y catalán en las comunidades históricas.

Antes de afirmar, sin argumentos, que secesión y democracia son incompatibles, el PSOE haría bien en expiar estas enemistades tan íntimas de su proyecto federal. Si las supera, por los catalanes no fracasará la cosa. Es obvio que este reverdecer es un efecto colateral -posiblemente no deseado- del impulso soberanista. Para hacer política, lo primero es identificar los posibles aliados. Ir de la mano de los reticentes recalcitrantes es lo que aumenta la desconfianza de una parte de la sociedad catalana -la que votó a Maragall y sus hijos- en ese reverdecer federalista.