Las autoridades autonómicas de Murcia hicieron público ayer un auténtico alud de datos sobre la ayuda a las familias de Lorca afectadas por los dos terremotos registrados hace hoy un año. Tras esa información late el propósito evidente de demostrar que la Administración actúa y que se están solucionando los problemas, así como el deseo de tapar las quejas de los vecinos, que justamente se lamentan de la morosidad de la maquinaria gubernamental, regional y local. Algunas de las 500 familias cuyas viviendas aún no han sido calificadas, y por tanto no saben si serán derruidas o solo reformadas, han vuelto a ellas con evidente riesgo. Y el 30% del comercio aún no ha podido retomar la actividad.

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Información publicada en la página 8 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 11 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Pero lo más grave es que el Plan Lorca, en el que se diseñaban las líneas de actuación para devolver la normalidad a la ciudad, ya aprobado por el Congreso, ha sido frenado para disponer de nueve meses adicionales para poder estudiarlo más a fondo. Sería una locura que ese retraso respondiera únicamente al hecho de que es obra del anterior Gobierno, pero en cualquier caso no parece que darse nueve meses más sea lo que necesitan los lorquinos. El estudio que sí debería haber encargado el Ejecutivo es otro, de carácter geológico, sobre el riesgo evidente de que se repitan movimientos sísmicos como aquellos -5,1 grados en la escala Richter- y los protocolos que deberían seguir la población y los responsables municipales si se produjeran.