La ley exprés de emergencia social

La ley 24/2015 sobre la vivienda y la pobreza energética, que nació de una Inciativa Legislativa Popular, fue votada hace justamente un año en el Parlament que la aprobó por unanimidad. Despertó en aquel momento muchas esperanzas porque pretendía ser una herramienta legal eficaz contra unos de los efectos más lacerantes de la recesión económica: los desahucios y los cortes de suministros sufridos por las familias que no disponen de recursos para pagar el alquiler o las facturas de servicios básicos como la luz o el gas.

Aduciendo que la Cámara catalana no tenía competencias sobre el tema, el Gobierno del PP llevó la norma ante el Constitucional, que no dudó en suspender la parte de mayor carga social del articulado, especialmente la que hacía referencia a la obligación de las entidades financieras a ceder pisos vacíos. Tal como lo anunció, la Generalitat presenta ahora el anteproyecto de una nueva ley exprés que permitiría dejar sin efectos prácticos la suspensión dictada por el alto tribunal. La normativa, que fue dada a conocer ayer en una reunión con destacados representantes políticos, de los municipios y de entidades sociales, recupera el espíritu de la 24/2015, pero no parece que haya obtenido el consenso general. Las críticas principales van dirigidas a los mecanismos complicados, caros y lentos que, al parecer, establece y que podrían perjudicar a la parte más débil. La tramitación de la ley va rápida, pero quizá aún quede tiempo para limar diferencias y acercar consensos.