La ley de consultas y el desafío del 9-N

El calendario marca la fecha de hoy, 19 de septiembre, como uno de los varios días D de este extremadamente tenso mes de septiembre. Con el escrutinio de votos del trascendental referéndum de Escocia apenas finalizado, el Parlament aprobará esta tarde, por muy amplia mayoría, la llamada ley de consultas, el mecanismo que, a juicio de los impulsores del proceso soberanista, debe permitir que Catalunya decida su futuro el 9 de noviembre. Aunque en teoría  la ley es neutra en cuanto a este objetivo, porque se plantea formalmente como una norma para acercar genéricamente la política a los ciudadanos y favorecer la participación de estos en la toma de decisiones -por eso la apoya el PSC, que no es soberanista-, a nadie se le escapa que sin el 9-N en perspectiva difícilmente esta herramienta de regeneración democrática habría visto la luz con tanta celeridad. Y hay que recordar, en este sentido, que el paso del texto por el Consell de Garanties Estatutàries fue arduo, porque cuatro de los nueve miembros del organismo formularon votos particulares con dudas sobre aspectos clave del articulado, precisamente a cuenta del encaje del 9-N en la norma.

Pero la ley y el derecho no pueden juzgar intenciones, sino hechos. Y hoy -estrictamente hoy, al menos - el hecho cierto es que los representantes de los catalanes darán vía  libre a una norma que permitirá mejorar la calidad de la democracia y la gestión de los asuntos públicos. Por eso habría sido preferible que el Gobierno central hubiera mostrado una actitud más cautelosa para no anunciar un recurso a la ley con tanta antelación. Y más cuando Andalucía prepara una norma similar a la que ninguna objeción ha puesto el Ejecutivo.

Distinto es que el Gobierno se oponga, como también hará, a la convocatoria del 9-N que Artur Mas realizará al amparo de la ley que hoy se aprobará. Pero conviene recordar que el Tribunal Constitucional al que recurrirá, con éxito, Mariano Rajoy para impedir esa consulta es el mismo que hace pocos meses animó a resolver el llamado conflicto catalán mediante una reforma constitucional que culmine con una consulta plenamente legal y pactada. Todos los caminos conducen a la misma conclusión: estamos ante un (enorme) problema político que requiere (audaces) soluciones políticas.