Ley de Acción Exterior: ¿una oportunidad perdida?

Se acaba de aprobar en el Parlament la Ley de Acción Exterior. Después de salvar el trámite del Consell de Garanties Estatutàries (no se olviden que estamos en la dinámica del conmigo o contra mí), el pleno aprobó un texto que se ha quedado a mitad de camino de lo que podría haber sido una iniciativa innovadora en nuestro entorno político.

Cuando cayó en manos de las personas que desde ONG, partidos políticos, universidades, sindicatos y administraciones públicas diferentes a la Generalitat nos dedicamos a la cooperación, las carencias saltaron rápidamente a la vista. La promoción de la Paz, la defensa de los Derechos Humanos o el Desarrollo Sostenible, que pareciera tuviera que estar plenamente asumida en el ejercicios de la política más allá de nuestras fronteras, era un mero principio. Es decir, que cuando el conjunto de actores de la sociedad y la administración catalana se proyecta o funciona fuera de sus fronteras, debe observarlo y tenerlo en cuenta, pero que no sale por la T1 de El Prat para contribuir a su cumplimiento. De cajón, la realidad desbordaba al texto desde el minuto cero de partido, porque son muchos de esos actores los que tienen precisamente esa función y la ejercen pese al incumplimiento presupuestario de este y el resto de Governs, en Barcelona y en Madrid. ¿Saben que cuando se aprobó el Tratado Internacional sobre Comercio de Armas en la sede de Naciones Unidas, meses atrás, sólo había organizaciones catalanas en representación de la sociedad civil del Estado?

Por otro lado, no se tenía en cuenta a todos esos actores. A estas alturas, desgraciadamente, algunos no han interiorizado el cambio hacia la complejidad que ha sufrido el ejercicio de la política y, consecuentemente, la construcción de nuestra legislación. Seguimos haciendo leyes del siglo pasado, aunque en paralelo se apela a la sociedad civil para convertirse en el motor de procesos políticos de sobra conocidos. Eso es trampa, evidentemente, y también es absurdo no contar con todo su conocimiento y, en muchísimos casos, superior experiencia en estos menesteres. No hablo solo de las ONG: los municipios, los sindicatos o las universidades tienen un bagaje exterior muy superior al de la Generalitat. Algunos pensábamos que, en ese sentido, la Acción Exterior podría ser una política de país, construida entre todas las partes de ese rompecabezas. Pero no, otra vez no. El Parlament no va a tener el protagonismo que pedíamos para construir una acción de base más amplia, y sólo se recogen vagas referencias a la coordinación.

En un momento en que toca buscarse las habichuelas fuera, es evidente que la preocupación principal del Govern, además de salir a contarle al mundo lo que pasa en casa, era apoyar la internacionalización de la economía catalana. Es decepcionante que, a estas alturas, introducir el principio de coherencia y el obligado cumplimiento de los principios que dicta la ONU en referencia al respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas, haya sido materia de debate. Al menos eso se ha conseguido introducir, ahora toca ver cómo se desarrollan los mecanismos para que se cumpla. Porque el papel lo aguanta todo, pero nuestra Acción Exterior y el mundo no pueden permitírselo.