Legitimidad, legalidad y seguridad jurídica

Hablar de Catalunya desde fuera de Catalunya (y también desde dentro) exige para despejar equívocos aclarar lo que desde una visión progresista parece obvio: nuestro mayor respeto a cualquier forma de sentir la pertenencia a un territorio, una cultura, una lengua, una nación, un país o una región. A su lado, un postulado no menos obvio ni menos progresista: en democracia toda -absolutamente toda- forma de organización política es asumible mientras esté sujeta a los límites de la ausencia de violencia y el respeto a la ley. Al margen de la ley no hay nada; hay proyectos, ideas, ilusiones, pero es la legalidad -el Estado de derecho- lo que garantiza lo más básico: la protección integral de los ciudadanos, su seguridad jurídica.

Nuestra Constitución -libremente aprobada en referéndum por los españoles y mayoritariamente respaldada también por la sociedad catalana- consagra como principios constitucionales los de legalidad (en cuanto expresión de la voluntad general) y de vinculación a la Constitución de todos los poderes públicos. En definitiva, la sumisión del poder a la ley.

Plantear la independencia de una parte del territorio de un Estado democrático de derecho consolidado es legítimo, pero imponer unilateralmente la independencia de esa parte del territorio al margen no solo del resto del Estado, sino también de una parte significativa de esa misma sociedad, supone una vía de hecho carente, por tanto, de amparo jurídico y que deja de lado el más elemental de los principios jurídicos: la legalidad.

LA CONFUSIÓN

Uno de los razonamientos legítimos que manejan los independentistas son los continuos agravios a Catalunya, confundiendo -de manera menos legítima y más intencionada- el Gobierno con el Estado, Madrid con la realidad de una España mucho más diversa, simplificando, en definitiva, la coexistencia de todos los pueblos de España. Coinciden, por cierto, con millones de españoles a quienes no les gusta el Gobierno del señor Rajoy, pero identificar al Estado español con Rajoy es tan erróneo, tan injusto y tan interesado como identificar Catalunya con Mas.El Tribunal Constitucional desautorizó, en el legítimo ejercicio de sus funciones, una vía que parecía prometedora, lo que ha sido interpretado por algunos como un agravio a la voluntad de los catalanes, olvidando que 189 diputados del Parlamento español también debieron sentirse agraviados pues la soberana decisión del Congreso fue corregida por quien interpreta la Constitución. Si la voluntad del pueblo no es conforme al texto de la Carta Magna, nada impide (en el camino de la legalidad) reformarla para acomodarla a la realidad social actual.

¿Cómo deshacer entonces la madeja? ¿Cómo canalizar las ansias independentistas de un número importante de ciudadanos? Para eso está la política, la política con mayúsculas, que es la que debe resolver sin prisas, sin convulsiones, sin atemorizar a nadie, la forma de organizarnos como decidamos en democracia. La democracia de todos, la que nos ha permitido ejercer el derecho a querer ser de otra manera. Tan legítimo es el derecho a reclamar una identidad nacional, como oponerse a él. Lo que no es asumible es que se abandone el Estado de derecho, el camino seguro de la ley.