Legalidad y política

Finalmente, el Diari Oficial de la Generalitat publicó ayer la ley de consultas no referendarias y otras formas de participación ciudadana aprobada hace una semana por el Parlament. De imediato, el 'president' Artur Mas firmó solemnemente el decreto de convocatoria de la consulta sobre el futuro político de Catalunya que pretende celebrar el 9 de noviembre. Apenas dos horas después, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba la solicitud de un dictamen al Consejo de Estado para promover sendos recursos de inconstitucionalidad y solicitar de inmediato la suspensión cautelar de las normas. Todo discurrió, pues, según el guion anunciado por los dos presidentes. Entramos en una fase nítidamente jurídica de este problema de naturaleza política. Con la ley de consultas en vigor, Mas está temporalmente habilitado para firmar el decreto, y Rajoy, a su vez, está en su derecho de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero ambos saben que por esa vía conflictual no llegarán a ninguna solución estable y definitiva.

La Generalitat quiere forzar al máximo la legalidad para proseguir con los preparativos de una consulta que solo se podría celebrar si el Constitucional la autorizase por sorpresa o si Mas, faltando a su palabra, cruzara las líneas rojas de la desobediencia o la insumisión. Si lo que pretende es demostrar a sus socios de ERC que no se dan las «garantías democráticas» para celebrar la consulta, la ceremonia de la confusión no debería prolongarse en vano. Está en juego la ilusión --o la decepción-- de los ciudadanos que anhelan poder votar. Hasta hoy, Mas ha impulsado este proceso amparado en la demanda social, buscando acuerdos parlamentarios y ciñiéndose a la ley. Sus próximos pasos y actitudes deberían ceñirse a estas premisas. Ningún gesto político o artimaña jurídica estarán justificados si inoculan tensión en la sociedad catalana; por ejemplo, poniendo a los funcionarios en la tesitura de conculcar la ley. Preservar la convivencia en Catalunya es más importante que ganar una batalla política.

Cada paso sobre tierra firme

Igualmente, como hizo ayer la vicepresidenta, el Gobierno de España debe actuar con cautela y sin un exceso de gesticulaciones que, junto a la predeterminación de las decisiones de los tribunales, minan la moral de los catalanes que desean seguir en España por voluntad propia, no por imposición legal. Es importante dar cada paso sobre tierra firme. Cualquier atisbo de injerencia en la labor del Constitucional, sea en el fondo o en la forma, será utilizado para rememorar el espectáculo poco edificante de la sentencia contra el Estatut del 2010. Contundencia legal, toda. Altanería, la imprescindible, salvo que el interés electoral se anteponga a la urgencia de reconducir el conflicto.

El artículo 2 del decreto de convocatoria de la consulta merecería en este contexto una especial atención, tanto en Catalunya como desde el Gobierno de España. Dice textualmente: «El objeto de la consulta es conocer la opinión de las personas llamadas a participar sobre el futuro político de Catalunya con la finalidad de que la Generalitat pueda ejercer con pleno conocimiento de causa la iniciativa legal, política e institucional que le corresponde». Un objetivo, pues, formalmente desvinculado de una proclamación de independencia. Y que, leído con la música del preámbulo del propio decreto, podría llegar a situar la consulta convocada en el ámbito de las competencias de la Generalitat --a través del Parlament-- para instar una reforma constitucional. Se dirá con razón que si este era el propósito no era preciso plebiscito alguno, y que ayer en la plaza de Sant Jaume se coreaban consignas independentistas, no reformistas. Pero ese hilo, conectado con el fallo del Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament, permiten tejer una base para reabrir la vía política.

Ahora toca la batalla legal, porque los políticos han fracasado en su tarea. Pero superada esta fase se deberá volver a hacer política, sin trampas semánticas ni inmovilismos. En democracia no todo son las votaciones y las leyes, pero ninguna posición política se puede legitimar despreciándolos.