Las razones de una huelga

El malestar de jueces y fiscales con las reformas emprendidas por el Gobierno del PP dio lugar a que las principales asociaciones de jueces y fiscales convocaran una jornada de protesta el pasado día 23 de noviembre en defensa de reclamaciones muy claras: incremento de la planta judicial y fiscal conforme a las previsiones establecidas por el Consejo de Europa; paralización de las reformas del CGPJ, mantenimiento del presupuesto de justicia para el 2013; retirada del proyecto de reforma de la ley orgánica del poder judicial que afecta al estatuto profesional de jueces y fiscales, y el no establecimiento de tasas judiciales que impidan el acceso a la justicia. Estas demandas, lejos de ser admitidas, fueron completamente ignoradas por el señorRuiz-Gallardón,calificándolas con desprecio como una reacción corporativa a la reducción de nuestro sueldo y días de permiso.

Sería MUY LARGO explicar las razones de fondo que han llevado a la situación actual, pero solo repasando unos pocos datos veremos el alcance del problema. El informe del Consejo de Europa sobre la calidad de la justicia constata que en España hay 10,2 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en Alemania hay 24,3 y en Bélgica, 14,8. España se sitúa en un ratio juez/habitante 10 puntos por debajo de la media. Más datos: España dedica el 1% del presupuesto a justicia, la mitad que la media europea (1,9%). Más: hay encuestas que evidencian que el 75% de la carrera judicial en servicio activo supera la jornada máxima fijada en el derecho comunitario sobre tiempo de trabajo y seguridad y salud, sin derecho a ningún tipo de compensación. Si todo esto lo unimos a la situación de colapso de los juzgados por el aumento de los asuntos provocados por la crisis, que solo ha sido compensado por el aumento de trabajo de los jueces, llegamos a la situación actual.

En este contexto aparece un bombero que quiere apagar el fuego con gasolina y propone una serie de reformas que no solo no aportan ningún tipo de solución a los problemas citados, sino que, además, quieren poner un bozal a los jueces, recortando la ya poca independencia que quedaba y modificando la propia estructura del CGPJ, queriendo convertir en la práctica el órgano de gobierno de un poder del Estado en un departamento del Ministerio de Justicia.

Exigimos pues, de acuerdo con las reivindicaciones formuladas por las asociaciones judiciales y fiscales con ocasión de la convocatoria de huelga para el miércoles, que se considere el poder judicial como un poder independiente y al servicio de la ciudadanía, y en concreto: que se paralice el proyecto de reforma del CGPJ, que se derogue la ya publicada reforma que afecta al estatuto profesional de jueces y fiscales, publicada en el BOE en diciembre, que ha supuesto la supresión de unos 1.000 jueces sustitutos y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales de asumir el trabajo de otros órganos judiciales, y que está provocando suspensiones y más dilaciones en los procesos judiciales.

Reclamamos, asimismo, que se deje de hacer un uso abusivo de la figura del indulto por parte del Gobierno en contra del criterio del juez o tribunal y fiscalía en supuestos gravísimos, que tiene como coste el escándalo de la ciudadanía al constatar la existencia de estos espacios de impunidad; pedimos igualmente que se deroguen las tasas judiciales que impiden el acceso de la ciudadanía a los tribunales, en una vulneración clara del derecho a la tutela judicial efectiva; expresamos nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de los afectados, y nos oponemos a la privatización de los registros civiles, ya que son garantía de servicio público y gratuito.

En conclusión, desde la carrera judicial se observa con preocupación una política clara de control de la justicia desde los partidos políticos para evitar que cumpla funciones que le son propias, creando espacios de impunidad en ese preciso momento, cuando se investigan casos de corrupción graves; o que en esta coyuntura pueden resultar inconvenientes, como es la tutela de los derechos fundamentales o la garantía de los derechos de los ciudadanos frente a la Administración o al poder financiero.

eran premonitorias las palabras de la ministra de Empleo,Fátima Báñez,expresando su temor a que la acción de los tribunales pueda desvirtuar el espíritu de la reforma laboral cuando el pasado 9 de julio afirmó en un encuentro con empresarios: «Tengo más miedo a los jueces que a los hombres de negro». Una clara referencia al temor del poder político a los jueces cuando aplican e interpretan la legislación, por encima del que inspiran los inspectores enviados por la Comisión Europea para verificar el control del déficit público o el saneamiento del sector financiero.

Magistrado