Las miserias de los partidos

La moda de celebrar primarias para elegir a cargos y candidatos --o de amagar con ellas y luego abortarlas por falta de competencia-- tiene la virtud de desnudar algunas de las miserias de nuestros partidos. Ante el temor a que una baja participación de la militancia convierta este ejercicio de democracia en un fracaso ante la opinión pública, las fuerzas políticas criban el censo de los afiliados con derecho a voto, limitándolo a aquellos que están al día en el pago de cuotas. Gracias a ello podemos averiguar cuál es su verdadera implantación.

Tras el 'superdissabte' de CDCCDC, ya sabemos que el partido presidido por Artur Mas cuenta con 15.000 militantes, por detrás del PSC, con 20.000. Les siguen, a distancia, ERC (7.700), la CUP (3.500), Ciutadans (2.800) y Unió (2.000). Estos datos de afiliación no son homologables con los de fuerzas de nuevo cuño como BCN en Comú o Podem, que no cobran cuotas, ni con los del PP catalán, que dice sumar 33.000 militantes que no ha tenido que acreditar al no haber celebrado jamás primarias.

Así pues, poco más de 50.000 catalanes se sienten lo bastante identificados con unas siglas como para rascarse el bolsillo y abonar una cuota que ronda de promedio los 100 euros al año. Dicho de otro modo, menos de un 1% de los ciudadanos con derecho a voto en las elecciones militan en los partidos a los que votan.

Sin ley electoral

Esa misérrima representatividad contrasta, sin embargo, con el omnímodo poder que detentan los partidos, que a través de las diferentes administracioness gestionan miles de millones de recursos procedentes de nuestros impuestos, controlan las empresas y medios públicos y copan los órganos de supervisión, incluidos aquellos llamados, téoricamente, a supervisar sus cuentas.La legitimidad para hacerlo se la ganan en las urnas, pero las papeletas que se ofrecen a los votantes son un menú cerrado y cocinado por una inmensa minoría de la ciudadanía.

Eso explica que las fuerzas políticas prefieran organizar simulacros de primarias que dotar a Catalunya de una ley electoral que les obligue a entenderse no con sus cuadros o con sus conmilitones, sino con los ciudadanos.