La moral de sus señorías

¿Están bien pagados nuestros representantes políticos? No para el ministro Rafael Catalá, que ha condicionado el endurecimiento de las incompatibilidades de los parlamentarios a la mejora de sus salarios. Si se prohíbe a diputados y senadores conjugar la actividad pública con los negocios privados hay que preguntarse, advierte Catalá, «cuál es la compensación suficiente que permita la dedicación exclusiva». Hablemos, pues, de las condiciones laborales de sus señorías. En principio, los diputados solo deben fichar en el Congreso nueve días al mes (tres sesiones plenarias de tres jornadas de duración), de febrero a junio y de septiembre a diciembre salvo convocatorias extraordinarias. Tampoco se les exige que asistan a los debates del hemiciclo; basta con que estén atentos al timbre que anuncia cada votación y al dedo enhiesto del jefe de filas que les indica qué botón deben pulsar.

Quien más quien menos es portavoz de alguna de las comisiones o ejerce de ponente legislativo. Trabajan más los diputados de la oposición, sobre todo en los grupos minoritarios, que los de la mayoría gobernante, respaldados por el aparato del Estado. Por su semblante, es fácil distinguir a los primerizos del Grupo Mixto, estresados porque son pocos y quieren abarcarlo todo, de los veteranos del PP y el PSOE, asiduos de las cafeterías próximas al Congreso.

Por tan exigente tarea, el grueso de los diputados perciben 64.928 euros brutos al año, repartidos en 14 de pagas de 4.638 euros cada una. Los electos por Madrid cobran algo menos, pero otros 39 parlamentarios ingresan, según sus responsabilidades, desde 5.772 euros mensuales (80.801 euros al año) hasta los 13.759 euros al mes (192.623 euros anuales) del presidente de la Cortes, Jesús Posada.

Plus de honestidad

Subir el sueldo a los diputados a cambio de la dedicación exclusiva tendría sentido si hubieran dejado lucrativas carreras profesionales para servir al Estado. Pero si los negocios que compaginan con el escaño obedecen más al cargo público que ocupan que a su valía, pagarles un plus de honestidad equivaldría a admitir que su moral tiene un precio.