La hora de la verdad

De las pocas afirmaciones incontestables con las que los políticos catalanes nos han obsequiado tras el 27-S es la que el jefe de filas de la CUP, Antonio Baños, pronunció la noche de las elecciones: “No se ha ganado el plebiscito”. Era tan cierto entonces como ahora, cuando en los comicios generales se ha impuesto una fuerza de izquierdas, que aboga por la convocatoria de un referéndum, una propuesta que sí cuenta con la mayoría social de la que todavía no dispone el independentismo. A Ítaca se puede ir por la izquierda o por la derecha, lento o por un atajo, y con la cabeza alta o tapándose la nariz. Y eso es lo que la militancia de la CUP tendrá que decidir en el asamblea que celebrará el domingo en Girona.

Si hace “abstracción” como les reclamó Artur Mas y le invisten presidente de la Generalitat o siguen caminando para convencer a la mayoría que un reto como este necesita. Porque en los dos meses que han transcurrido desde las autonómicas, ha entrado y salido de la cárcel el tesorero de Convergència, han surgido novedades en el 'caso Innova', de presunta corrupción en la sanidad catalana (que salpica tanto a CDC como al PSC), y se ha condenado a un exalcalde convergente que tenía negocios con la mafia rusa y por el que su partido ponía la mano en el fuego. Se ha sabido que Oriol Pujol Ferrusola movió dinero de sus cuentas en Andorra mientras era diputado y hombre fuerte de CDC. Y en estas semanas, el Govern nos ha vendido que la declaración de desconexión aprobada por el nuevo Parlament es poco más que una declaración de intenciones.

El documento que Junts pel Sí y la CUP han negociado incluye un plan de choque social presupuestado en 250 millones de euros (y que tendrán que salir del presupuesto del Gobierno central). Bienvenido sea, solo faltaría. Ahora bien, para facilitar las comparaciones, otra cifra: el Ayuntamiento de Barcelona ha incrementado la partida social en 100 millones. Otro de los acuerdos es paralizar los consorcios sanitarios de Lleida, Girona y Tarragona. Cabe recordar que el Parlament exigió en marzo de este año frenar el de la provincia de Lleida, el Govern pasó del acuerdo de la Cámara catalana e intentó activarlo igualmente, y finalmente, tras otra votación, se frenó a la espera de que se lograse un consenso territorial que nunca ha existido. En manos de la militancia de la CUP estará decidir si quieren que el piloto sea el mismo al que el área metropolitana, donde hay que ampliar la mayoría, da la espalda, o prefieren ir lentos pero llegar de verdad a la república.