La corrupción... ¿y la fiscalía?

Continúa la corrupción como una gran preocupación de los españoles según las encuestas. Hace ya mucho tiempo que es uno de los déficits de la calidad democrática, pero lo peor es que los criticados y responsables, los dirigentes políticos, siguen sin reaccionar, algo que llega a extremos en que la ciudadanía parece que ya no tiene capacidad para sorprenderse ante tanta porquería. No obstante, no tienen motivo para quejarse quienes siguen votando a partidos estructuralmente corruptos. Eso lo sabe bien Rajoy, y por eso está tranquilo.

Al menos, algo es que no solo se descubran unos hechos que en una situación de intensa crisis económica han ofendido, sobre todo, a los más golpeados por la crisis y los recortes, sino que se empiece a juzgar con firmeza y transparencia estas actuaciones inmorales e ilícitas que no solo han dañado a la gente más vulnerable, también están haciendo un daño inmenso a la democracia.

Por ello, lo peor de la corrupción no es solo que sean frecuentes comportamientos delictivos sino que queden casi impunes. Esa lacra evidentemente no es de ahora, pero es tanta la podredumbre que está saliendo por los rebosaderos, que el desfile mediático y judicial de personajes públicos, en un país normal, hubiera provocado numerosas dimisiones y repudios de los propios partidos. Aquí, no. Además, buena parte de los actos delictivos no son solo individuales, sino actuaciones criminales muy organizadas en tramas en las que varios participan y se benefician.

Mayor implicación de cuerpos de la Agencia Tributaria

En este tiempo, hay una cosa que algo ha cambiado: la mayor implicación de varios cuerpos profesionales de la Agencia Tributaria que, ante silencios y encubrimientos vergonzosos de sus gestores y jefes más políticos, destapan casos ocultados y ponen en evidencia la gran injusticia de algunas decisiones. No es así por la cúpula, pero sí por profesionales comprometidos con su servicio público, teniendo la valentía de reflexionar críticamente algunas decisiones tributarias del Ejecutivo sobre amnistías, sus derivaciones y encubrimientos. Ello contrasta con el silencio y colaboracionismo gubernamental de asociaciones de otros cuerpos de altos funcionarios o mandarines encargados de velar por el Estado de Derecho cuya sumisión e identificación con el Gobierno llega a extremos nocivos.

También debe destacarse la labor de algunos jueces muy concretos que se han implicado con una lucha difícil y solitaria, en la investigación e impartición de justicia a quienes tanto daño han causado por la corrupción. Ejemplos de ellos, hay varios, como los jueces Castro y Ruz, que han ejercido con gran entereza e independencia su labor, no logrando ser condicionados ni doblegados por otras instancias de poder defensoras de los corruptos. Las presiones que han sufrido han sido intensas por lo que hay que agradecer su lección de imparcialidad, valentía, profesionalidad y dignidad.

Pero hay otras instituciones cuyo papel práctico, desgraciadamente, no se corresponde con lo que demanda ni el Estado de Derecho ni la ciudadanía: la fiscalía del Estado. Tiene un criterio de dependencia jerárquica respecto al Gobierno, vía fiscalía general, pero también ellos individualmente pueden razonar un criterio diferente a su superioridad. Ya se logró antes que, tras su nombramiento, el Gobierno no podía cesarle pero no es suficiente si la elección sigue en manos del Ejecutivo. Hay que llevarla al Parlamento y no se puede confundir en la práctica la fiscalía del Estado con la fiscalía del Gobierno.

Preparación y compromiso con el Estado de Derecho

El anterior fiscal general tenía gran preparación y compromiso con el Estado de Derecho. Pero el Gobierno que lo designó no se conformaba con la lealtad que le demostró sino que, como no admite un ápice de criterio propio, pretendió que fuese sumiso. En ese debate, podía haber aguantado un año más y fortalecerse en sus funciones pero es muy difícil soportar la presión del Gobierno y optó por retirarse. Fue una pena. Hay que recordar las funciones que le asigna el artículo 124 de la Constitución: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público procurando el interés social.

A los fines contrarios se han dedicado diversas actuaciones de la fiscalía. Es público que su comportamiento en temas graves y públicos, vinculados a la corrupción, ha sido socialmente escandaloso, incluso defendiendo al poderoso. La intervención de la fiscalía con peticiones muy leves de pena (incluso defensa) de banqueros, políticos, familiares de altos dignatarios, o simplemente el 'caso Madrid Arena' con homicidio de cinco jóvenes, repugna a la sociedad. Ni los ciudadanos lo entienden ni tampoco aquellos para quienes el Derecho es compromiso con la justicia.