Justicia muy lenta contra la corrupción

Pocos casos simbolizan mejor la diferente velocidad entre la reacción política, ciudadana y mediática a la corrupción y la legal y judicial que el del presunto saqueo del Palau de la Música bajo la presidencia de Félix Millet y el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a la antigua CDC a través de entidad cultural. El 'caso Palau' es, junto al que implica al clan familiar del 'expresident' Jordi Pujol, el gran escándalo político-empresarial-financiero de los últimos tiempos.

Desde que explotara en el verano del 2009, Millet vive recluido tras sufrir episodios de ostracismo social y han corrido ríos de tinta con abundante información sobre lo que sucedía en el Palau. Sin embargo, en su vertiente judicial la causa se encuentra en un limbo y no hay fecha para el juicio siete años después del famoso registro de los Mossos d'Esquadra en el icónico edificio modernista.

Al igual que el 'caso Palau', los otros grandes escándalos de corrupción política que han marcado la actualidad catalana de los últimos años (Pretoria, Mercuri, el del 3%, el mismo 'caso Pujol' y todas sus derivadas) se encuentran en diferentes fases de su proceso legal sin que se vislumbre una resolución rápida. Los motivos en cada uno de ellos son diferentes, pero parece poco discutible que algo falla en la lucha legal contra la corrupción. La lista de razones es larga. El sistema legal es garantista (lo cual es intocable), y los abogados defensores hacen todo lo posible para obstaculizar el proceso, porque el tiempo suele jugar a favor de los acusados a pesar de que muchos de ellos se lamentan de que viven en un limbo en el que son considerados culpables socialmente cuando aún no han sido juzgados.

Tampoco hay que olvidar que los jueces y los juzgados están saturados y obsoletos y que los recursos de actores claves como la Fiscalía Anticorrupción no son los deseados. Pero aun así, algo falla cuando cuesta tanto solo llegar a juicio, como denuncian muchos expertos.

Esta lentitud procesal es tóxica, ya que extiende por doquier sombras de sospecha: que hay una justicia de doble velocidad, según la cuenta corriente del acusado, que la corrupción es impune, que todo el sistema, incluido el legal, es corrupto. Sospechas que hacen más daño aún que el saqueo de las arcas públicas. Urge una reforma que garantice una mayor rapidez en los procesos.