¿Iguales ante la justicia?
La negativa de la infanta Cristina a responder, y de las partes a hacer constar sus preguntas, convierten el interrogatorio en una oportunidad perdida
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
Fue una buena noticia para la justicia que el tribunal que juzga el 'caso Nóos' desestimase la maniobra de la abogacía del Estado y la fiscalía para ahorrarle a la infanta Cristina el mal trago de sentarse en el banquillo de los acusados. Lo contrario hubiera acrecentado las razonables dudas de la ciudadanía acerca de la división de poderes, y no hubiera ayudado al rey Felipe en su empeño de recomponer la imagen de la Corona. No cabe decir lo mismo del modo en que se ha producido la declaración de la hermana del monarca.
Sin perjuicio de cuál sea la línea de defensa de la acusada y la de su marido, Iñaki Urdangarin, muchos españoles pueden haber sentido una lógica desazón al asistir a un simulacro de interrogatorio, tras anunciar la acusada que solo contestaría las preguntas de su defensa. Estaba en su derecho de hacerlo, como lo estaban las partes personadas de formular, para que al menos constaran en acta, los interrogantes a los que la infanta rehuía dar respuesta. Solo la acusación popular obró de tal modo, mientras las otras defensas, las administraciones presentes en la causa, el abogado del Estado y el fiscal guardaban un cauto silencio.
No es un juicio cualquiera
No es en absoluto infrecuente que, por el interés de sus representados, los letrados renuncien a interrogar a otros encausados en la vista oral. Pero el del 'caso Nóos' no es juicio cualquiera: más allá de la tipificación final de los delitos, se enjuician las prácticas de unas instituciones cuyos responsables, confiando en ganarse el favor de la Casa del Rey, presuntamente prevaricaron y defraudaron a cuenta de los impuestos que pagamos todos.
La expectación mediática concitada por la declaración de la infanta Cristina, lógica por tratarse de la primera integrante de la Familia Real sentada en un banquillo, constituía una oportunidad única para demostrar a la ciudadanía que, como proclamó el rey Juan Carlos al estallar este escándalo, "la justicia es igual para todos". Pero las estratagemas de las defensas y la prudencia reverencial de la instituciones personadas como perjudicadas la han convertido en una oportunidad perdida.
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