Paradójicamente, los magistrados del Consejo General del Poder Judicial han logrado ponerse de acuerdo en la figura de un juez que representa todo lo contrario que Carlos Dívar, su antecesor en la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, que se vio forzado a dimitir hace apenas un mes. Si la elección de Dívar para ese puesto, en la época que gobernaba el PSOE, fue una sorpresa por su carácter profundamente conservador, no deja de llamar la atención que ahora, con la mayoría absoluta del PP, la cúpula judicial se haya decantado por un juez de marcado perfil progresista.
Información publicada en la página 6 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 18 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)
Gonzalo Moliner no es solo cofundador de la asociación Jueces para la Democracia, el colectivo que agrupa a los elementos más social liberales de la judicatura, sino que en los últimos tiempos se ha pronunciado públicamente de forma inequívoca. Calificó de «tremenda» la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy y, a pesar de subrayar que la aplicará con normalidad, llamó la atención sobre la posibilidad de que en lo que se refiere al papel de los sindicatos la nueva ley roce la inconstitucionalidad. En definitiva, sería difícil calificarle de afín al PP. Su trayectoria en las magistraturas de trabajo -preside desde hace años la Sala de Social del Tribunal Supremo- tampoco deja margen a la ambigüedad.
La pregunta que se plantea tras su elección es qué ha pasado en el seno del más alto colectivo del poder judicial, de tradicional adscripción conservadora, para que resulte elegido un hombre en las antípodas del Gobierno, si es que se puede resumir con tanta simplicidad el asunto.
Todo parece indicar que, tras 14 horas de reuniones, los 20 miembros del consejo terminaron por ponerse de acuerdo en la oposición a los planes del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para reformar el funcionamiento de la judicatura. Sus diferencias ideológicas pesaron menos que la resistencia a las ideas de un ministro que no les ha consultado antes de poner en marcha los cambios y que quedó tan tocado como el propio consejo por el escándalo de Dívar, del que en un primer momento dijo
-con escaso ojo clínico- que saldría reforzado tras la denuncia por los gastos de sus escapadas a Marbella.