Señalarlos con el dedo

El fiasco de las llamadas estructuras de Estado tras el rapapolvo propinado por el Consell de GarantiesEstatutàries parece que va a convertirse en un motivo añadido para que CiU y ERC intenten en las próximas semanas ir hasta el final con la ley electoral. El convergente Lluís Corominas ya advirtió al PSC de que llevarían la iniciativa al pleno del Parlament aun sabiendo que su propuesta no cuenta con los dos tercios para su aprobación. Se trata de poner a los socialistas contra las cuerdas con el argumento de que hay ahora la posibilidad de un gran consenso para que Catalunya se dote de una ley propia tras 35 años de funcionar con una norma provisional. En ese deseo están todos de acuerdo, el problema es otro. La cuestión es que al nacionalismo le ha ido muy bien con un reparto de diputados que lo sobrerrepresenta y que ha producido graves distorsiones democráticas. Y eso no están dispuestos a cambiarlo.

Pasqual Maragall logró en 1999 y el 2003 más votos que CiU, pero cuatro diputados menos debido a un sistema electoral donde un diputado por la provincia de Barcelona cuesta más del doble de votos que en Lleida. Gracias a esa diferencia entre territorios, Jordi Pujol logró por los pelos un último mandato. Bajo el primer tripartito, la sobrerrepresentación nacionalista dejó la gobernabilidad en manos de ERC, que vendió muy caros sus apoyos. Y en el 2012, esa misma distorsión hizo que Oriol Junqueras se convirtiera en el líder de la oposición con menos votos que Pere Navarro, pero con un diputado más gracias a ese trato desigual entre ciudadanos, cuyo voto no vale igual en función del territorio. Se podrá alegar que en las elecciones generales esa disparidad es aún mayor entre algunas provincias españolas. Pero una cosa no disculpa la otra.

CiU y ERC quieren sacar ahora adelante esta ley con la mirada puesta en el 27-S para disponer de otro instrumento político, la sindicatura electoral. El control sobre un organismo que supervisa la limpieza de los procesos electorales, y que ha de ser ajeno al poder legislativo y al ejecutivo. Que en lugar de estar formado solo por magistrados, quieran que lo sea también por expertos nombrados por el Parlament, indica que se quiere pergeñar una estructura de Estado favorable a las tesis soberanistas, por ejemplo, para avalar la realización de otra consulta. Sorprende que cuenten con la complicidad de ICV-EUiA, dispuesta a sacrificar la proporcionalidad que siempre había defendido a cambio de una operación de maquillaje en el desbloqueo de las listas. Ante la situación de debilidad que viven los socialistas, pretenden señalarlos con el dedo, acusándoles de falta de flexibilidad, cuando el problema democrático de verdad es que los nacionalistas no quieren un recuento de votos único.