Invertir en infancia, erradicar la pobreza infantil

CARLES CAMPUZANO

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Invertir en la primera infancia i erradicar la lacra de la pobreza infantil son claves para la futura prosperidad de la sociedad catalana. Es una prioridad para hoy, pero también para el día de mañana. Se trata de entender que las consecuencias del mal vivir de miles de familias con enormes dificultades para llegar a fin de mes tienen una repercusión a medio y largo plazo.

Los hijos de las familias con menos posibilidades y recursos para invertir en su educación y formación son también aquellos que a lo largo de su vida laboral se encuentran con menos opciones de alcanzar puestos de trabajo de calidad, especialmente en un momento en el que la economía basada en el conocimiento pedirá cada vez más, y a todos los niveles, trabajadores altamente cualificados.

Evidentemente esto tiene una serie de consecuencias inmediatas, pero hay otras cosas que acompañan y marcan a las personas a lo largo de su existencia impidiéndoles disfrutar de una vida plena. Y todo esto sin olvidar los efectos negativos que acaban repercutiendo en el conjunto de la sociedad, en su prosperidad colectiva, en su cohesión social, así como en su competitividad y productividad económica.

Porque conviene recordar que por familias pobres no sólo entendemos aquellas que disponen de menos recursos para garantizar una educación y una formación con perspectivas de futuro para sus hijos, sino que esta pobreza, desgraciadamente, a veces también significa menos calidad en la alimentación de los hijos o un riesgo más alto que éstos acaben dependiendo de substancias adictivas i caigan en la dinámica peligrosa de la delincuencia.

Es fundamental entender que la mejor garantía de las pensiones, la sanidad, la atención a la dependencia de las generaciones del 'baby boom' está estrechamente relacionada con las inversiones que hacemos a día de hoy para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los niños y con el apoyo que prestamos a las familias jóvenes con hijos. Además, esta garantía constituye uno de los paradigmas principales en la reforma y revisión de nuestro Estado del Bienestar. Tendríamos que ser muy ciegos como sociedad, para no darnos cuenta de la estupidez que comporta desaprovechar el talento y la energía de todas estas personas que quedan excluidas desde su infancia.

Ciertamente una parte muy significativa del aumento de la pobreza infantil tiene que ver con la crisis económica, la persistencia de altas tasas de paro y la falta de creación de puestos de trabajo que garanticen a las familias unos ingresos suficientes para atender con dignidad a sus hijos. Una crisis que ha destruido centeneras de miles de puestos de trabajo y una recuperación económica que no genera suficiente ocupación de calidad implican, necesariamente, un aumento de la pobreza infantil, tal y como hemos vivido en Catalunya y en el conjunto del Estado durante estos últimos años de manera tan dramática. Aquí tenemos un problema grave: salarios bajos, un tiempo parcial no deseado y una temporalidad abusiva configuran un mercado de trabajo ineficiente e injusto.

Ahora bien, un Estado del Bienestar que invierte ni apuesta por las familias y por la infancia de manera estable y permanente, un Estado del Bienestar sin la capacidad de garantizar unos ingresos mínimos para los niños y las niñas en tiempos de crisis es un Estado del Bienestar insuficiente. Es más, un Estado del Bienestar que en tiempos de bonanza, de creación de intensa ocupación y de crecimiento económico mantiene de manera continuada tasas altas de pobreza infantil respecto a nuestro entorno europeo es un Estado del Bienestar que no está orientado al futuro.

Desde este punto de vista podríamos apuntar tres debilidades claras. En primer lugar, la falta de ayudas económicas universales y suficientes para las familias con hijos representa un grave problema; a diferencia de la mayoría de estados de la Unión Europea, España no tiene una prestación económica universal por un hijo a cargo. Desde principios de los años 90 existe una mínima prestación de la Seguridad Social para las familias pobres; en la actualidad esta prestación es de 291 euros anuales para las familias con ingresos inferiores a los 11.500 euros. En el caso de las familias numerosas y con hijos con alguna discapacidad, tanto el umbral de acceso como las cantidades de las prestaciones aumentan. Una prestación tan escasa no tiene prácticamente ningún tipo de incidencia en la mejora de los ingresos de las familias con hijos ni sirve para disminuir el riesgo de pobreza infantil. En este sentido es imprescindible recordar el papel que tiene el sistema público de pensiones para garantizar ingresos estables para las personas mayores también durante momentos de crisis. Este sistema de pensiones, estable y permanente, ha permitido, pese a las congelaciones de las pensiones, el establecimiento de copagos sanitarios e incrementos de impuestos, disminuir durante estos años de riesgo la pobreza entre los mayores de 65 años de manera contundente. Pese a que la protección de este sector tan numeroso de la población no ha aumentado, en comparación con la realidad de las familias sin trabajo, con hijos y una protección social insuficiente, la posición relativa de las personas mayores ha mejorado.

En segundo lugar, la debilidad y la insuficiencia de servicios para atender a los hijos cuando los dos progenitores trabajan, o cuando es una sola persona la que se hace cargo de una criatura, es otra característica de nuestro insuficiente Estado del Bienestar. Las familias más pobres se encuentran con más dificultades tanto para atender la educación de sus hijos como para mantener el puesto de trabajo los dos progenitores. Los resultados son evidentes; esta debilidad del sistema de guarderías o de servicios para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral tiene otras consecuencias más allá de la pobreza infantil. Por un lado, nos ayuda a explicar de manera decisiva los bajos índices de fertilidad y la baja natalidad que sufrimos. Por otro lado, dificulta la incorporación de la mujer en el mercado de trabajo cuando los costes de los servicios que facilitan la conciliación no son compensados por los salarios que se perciben fuera de casa. En este sentido la Unión Europea ha insistido últimamente en la necesidad de promover políticas de conciliación familiar y laboral, accesibles para la mayoría de las familias, como estrategia para generar más y una mejor ocupación.

Y en último lugar, algunos estudios ponen de manifiesto que la preferencia para las deducciones fiscales como una política social practicada en España durante las últimas décadas, no sólo no tiene un efecto redistributivo, sino que acaba teniendo consecuencias regresivas en términos de reducción de las desigualdades de ingresos debido a que una parte muy significativa del esfuerzo de la política pública no se focaliza en los más desfavorecidos.

La agenda de cuestiones a la hora de hablar de cómo atacamos la pobreza infantil y priorizamos las inversiones en infancia es amplia y profunda.

Precisamente, en uno de estos ámbitos, hace unas semanas el Grupo Parlamentario de CiU en el Congreso de los Diputados defendimos una proposición de ley para mejorar substancialmente la prestación por hijo a cargo de la Seguridad Social, convirtiéndola en un instrumento potente para luchar contra la pobreza infantil y avanzar en una regulación que se aproxime a la del resto de estados europeos. En concreto, la propuesta de CiU consiste en aumentar el umbral de acceso a esta prestación hasta los 25.400 euros anuales, que en la actualidad es la renta media; y en aumentar la cantidad de la prestación hasta los 1.200 euros anuales por hijo. Estas cifras aumentan en el caso de las familias numerosas (umbral de acceso 33.000 euros anuales y 1.500 euros por hijo) y también en aquellos supuestos de hijos con alguna discapacidad (entre 3.600 y 14.000 euros por hijo al año en función de la discapacidad). Además, planteamos que esta prestación sea gestionada por las Comunidades Autónomas, abriendo la posibilidad que éstas puedan complementar las cuantías establecidas.

Se trata de una propuesta ambiciosa, que supondría incrementar el gasto en prestaciones por hijo a cargo entre 6.500 y 7.000 millones de euros anuales, y que encaja en la actual lógica institucional, en que las posibilidades de la Generalitat de Catalunya para hacer una apuesta potente en la lucha contra la pobreza infantil son extremadamente escasas, siempre parciales y orientadas a la emergencia social, ante un Estado central que continua teniendo una capacidad de gasto relevante.

El PP rechazó nuestra propuesta que recibió el apoyo de conjunto de la oposición.

Insistiremos en los próximos tiempos en este planteamiento, tanto en la política española, como en el debate abierto en Catalunya sobre el futuro del país, porque estamos convencidos que un país mejor, más justo y más próspero el día de mañana, tiene que ver en como tratamos hoy a nuestros hijos.

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