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Inversión con concesiones

La colaboración público-privada resurge como vía para la inversión en infraestructuras

De izquierda a derecha  Joaquim Llansó, Rubén Martínez, Carme Briera, Carles Ramiro, Francisco López y Juan José Clavería, antes de participar en +Debate.

De izquierda a derecha Joaquim Llansó, Rubén Martínez, Carme Briera, Carles Ramiro, Francisco López y Juan José Clavería, antes de participar en +Debate. / periodico

AGUSTÍ SALA / BARCELONA

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La colaboración público-privada se da en España desde hace años, en forma de concesiones o contratos de gestión. Es una de las pocas vías para que pueda haber inversión en infraestructuras necesarias para el crecimiento y la competitividad del país en una etapa en la que las administraciones carecen de suficientes recursos.

UNA PRIORIDAD QUE REQUIERE RECURSOS

«La colaboración público-privada permite anticipar inversiones que, de otro modo, no se podrían hacer», afirma Juan José Clavería, director de concesiones de Acciona. El momento para potenciar este modelo, que se practica en España desde hace años, parece el adecuado dado el coste «ridículo» de la deuda, agrega Clavería. A su juicio se alinean la necesidad y la capacidad.

Y lo cierto es que en los mercados «hay mucha liquidez, pero lo que faltan son proyectos financiables», advierte Rubén Martínez Cartanyà, responsable del negocio sectorial-financiación de proyectos del Banc Sabadell. Las administraciones han acometido muchos proyectos «para aligerar el déficit público», con el riesgo de engordarlo en el futuro, sin excesiva planificación ni unos objetivos claros.

En todo caso, la colaboración público-privada emerge como la solución para unas administraciones que tienen «competencias oceánicas» y que actúan de forma «esquizofrénica», como un monstruo de dos cabezas, una política y otra técnica, «sin visión ni lógica y cada uno con su discurso, además cambiante», según Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Pero, a su juicio, «si queremos un estado sostenible es totalmente necesaria la colaboración público-privada.»

UNAS NORMAS QUE DEBEN SER ESTABLES

Desde 1877 está regulado este modelo en España, pero si algo ha habido es cambios y modificaciones. Desde el 2011, en el que se publicó la última ley de contratación pública «se han producido más de 15 modificaciones», explica Carme Briera, directora del departamento de Derecho Administrativo de Clifford Chance en Barcelona. Y el nuevo gobierno deberá hacer otra ley para adecuarla a las directivas europeas, que tendrían que haberse traspuesto como máximo en abril pasado.

No es extraño entonces que el panorama de proyectos constituya un auténtico «secarral» en los últimos tres o cuatro años, apunta Francisco Gómez, vicepresidente del Foro Partenariado Público-Privado (PPP).

Y, en el fondo sucede porque la administracíon española es «temerosa» ante un modelo que no conoce, actúa «a la defensiva» y con «poca transparencia» y con la espada de Damocles del recuerdo de «malas experiencias», como el almacén Castor o las radiales de Madrid. «En todos los países han cometido errores, pero se estudian, se extraen conclusiones y se corrigen», agrega el representante del lobi de la colaboración público-privada.

Lo cierto es que, según Clavería, «la legislación debe ser estable y no cambiante según las necesidades del gobernante».

UN SECTOR QUE SE CONSIDERA OLVIDADO

Para Joaquim Llansó, presidente de la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya (CCOC), «la Administración se ha olvidado del sector», que fue motor tras las crisis de los años 80 y los 90. A su juicio, se necesita «un nuevo modelo de gestión de las infraestructuras» en el que se invierta anualmente en torno al 2,2% del PIB catalán y con una planificación a 10 o 15 años». A su juicio las virtudes del sistema son obvias y por cada euro invertido se produce un efecto inducido de 1,92 en el conjunto de la economía.

Lo recuerda también el director de concesiones de Acciona. quien asegura que desde algunos ámbitos se ve el modelo público-privado como «más caro», lo cual rechaza y destaca que sin el mismo «muchas infraestructuras no se podrían hacer».

ADMINISTRACIONES POCO PREPARADAS

A juicio del directivo de Acciona, además de una mejor planificación y el «reparto equilibrado de los riesgos», uno de los retos es mantener el modelo o, si se hace una nueva regulación, respetar las reglas anteriores para los contratos en vigor, es decir, evitar los efectos de la retroactividad.

Y es que un principio esencial es que «el marco jurídico del contrato es la ley de contratos públicos del momento en el que se hizo la licitación», destaca Briera. Es por ello que reclama «más formación por parte de las administraciones». En caso contrario se da un desequilibrio del que se pueden aprovechar, para su beneficio, los adjudicatarios. «Se pueden aprovechar, pero matan el sistema», alerta Gómez. Por eso aboga por una agencia u organismo que sea el interlocutor y regulador del sector, como en otros países.

En esa situación desequilibrada vivieron algunas empresas que se han acostumbrado al «sobrebeneficio», recuerda Ramió, quien recurre al informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que cifró en 48.000 millones de euros, el 4,5% del PIB, los sobrecostes de las contrataciones públicas en España.

Esa cantidad es el equivalente a lo que el país requeriría anualmente de inversión en infraestructuras (entre 38.000 y 54.000 millones), según un estudio de la consultora A.T. Kearny que cita el directivo de Acciona.

Ramió destaca que el poder público «actúa de forma reactiva. En ningún caso lo hace por mayor eficiencia». Y, al final, «es el mercado el que impone sus normas».

SIN RETROACTIVIDAD

Clavería recuerda que con el modelo de colaboración se transfieren riesgos, como los de expropiaciones, construcción  o ingresos, al sector privado. Es lógico, por tanto, que tenga una rentabilidad. A su juicio, con un bono a 30 años entorno al 1,90%, «el coste no debería situarse más allá del 3% o 3,5% neto».

El representante del Sabadell insiste en la importancia de un marco legal «estable y a largo plazo» porque este tipo de inversiones lo son. Y recuerda que los proyectos «han de ser viables no solo social sino económicamente a largo plazo».

Es algo en lo que está de acuerdo el representante de los contratistas. A su entender, ha llegado el momento de acometer «solo los proyectos que tengan un alto retorno económico y social». De los 100 que la Cambra de Contractistes ha identificado como imprescindibles para Catalunya en los próximo años, en los últimos 12 meses solo se ha acometido uno, afirma.

PLANIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO

Según Clavería, una de las asignaturas pendientes es una mejor planificación. «En el modelo anglosajón se lleva a cabo un trabajo previo. En una reciente adjudicación de Acciona en Australia tuvimos que dedicar 14 meses a esa fase en vez de los 52 días que nos dan en España», explica Clavería.

Y es que en el sistema anglosajón se parte de «un buen proyecto, más detallado, y una buena transferencia de riesgos, lo que abarata todo el proceso». Los costes están más acotados desde el inicio.

La representante de Clifford Chance entiende que «la Admnistración pública pretende trasladar riesgos al sector privado sin analizar muchas veces quién debería asumirlos». Y, desde la otra perspectiva, «el sector privado debe asumirlos por mera necesidad presupuestaria pública», agrega.

Otro de los retos es el mantenimiento de las infraestructuras existentes. La licitación para ello ha caído un 63% en España, advierte el directivo de Acciona. Eso las deteriora.

Según el vicepresidente del Foro PPP, se requiere un organismo de la Administración «con profesionales capacitados y una interlocución clara con Bruselas, que sea un sistema automejorable».

Según Llansó, hasta ahora se han hecho las obras a la espera de una demanda futura, lo que ha llevado a aeropuertos o trenes vacíos. Y debería ser a la inversa.. Y las administraciones, además, deben dejar de adjudicar «mirando el factor precio, por debajo del mercado». El representante de los contratistas se pregunta: «¿Por qué no operan constructoras extranjeras aquí si las españolas están en lo alto del ránking mundial?» Según Ramió, se han convertido «en campeones internacionales» en parte porque durante años ganaron mucho dinero en casa. Si ahora aplican en España esa competiitividad que les ha catapultado en el exterior eso es positivo, concluye.

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