Inútiles y humillantes

Acabe como acabe el pulso entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior, con la prohibición de reapertura del Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca (CIE) dictada por el consistorio, alegando la falta de licencia, y el hecho consumado de su puesta en funcionamiento ejecutada por la Delegación del Gobierno y el ministerio, el gesto de denegar su reapertura pone de nuevo sobre la mesa la necesidad de acabar con el agujero negro en nuestro ordenamiento jurídico que significan los siete CIE existentes en España.

Creados por la ley de extranjería, son establecimientos de detención no penitenciarios en los que se mantiene internados un máximo de 60 días, en unas condiciones peores que las de una cárcel, a aquellos extranjeros que, por carecer de permiso de residencia o haberles caducado, se les ha abierto un expediente de expulsión. En los CIE también se interna a reclusos extranjeros condenados a penas inferiores a seis años y por decisión judicial, en aplicación del artículo 89 del código penal, se les conmuta la pena por la expulsión a su país. Así se mezclan en las habitaciones delincuentes con sentencia firme e inmigrantes sin papeles que fueron identificados por la policía y se les ha iniciado un expediente de expulsión.

Debido a la ausencia de normativa de funcionamiento, y viviéndose situaciones de arbitrariedad, vulneración de derechos sociales, sanitarios y de defensa jurídica, se realizaron diversas campañas de denuncia, una de ellas impulsada por EL PERIÓDICO, gracias a las que el Gobierno aprobó en el 2014 un reglamento que, lamentablemente, cambió poco las cosas. El CIE de Barcelona ha estado cerrado estos meses por orden del juez de extranjería que exigió que se subsanara la insuficiencia de duchas, agua caliente y retretes.

LEY DE EXTRANJERÍA

Dejando de lado a los extranjeros condenados, que podrían estar los días previos a su expulsión en un centro penitenciario cercano al aeropuerto o puerto por el que serán deportados, muchos de los inmigrantes que ingresan por carecer de papeles acaban en libertad y su expulsión no se consuma tras semanas de angustia. Muchos de los que ingresan en el CIE de Barcelona son subsaharianos inexpulsables que llegaron a Melilla, y como un mero trámite, pasan unas semanas allí hasta quedar en libertad.

No defiendo, salvo contadas excepciones, la expulsión de aquellos que carecen de papeles. Pero si lamentablemente, habida cuenta la vigencia de la ley de extranjería y las obligaciones de España con la Unión Europea, alguien va a ser expulsado por la falta administrativa de carecer de papeles, no hay que someterle ni a él ni a sus familiares al tormento de permanecer dos meses en el CIE y esa lotería de no saber si mañana saldrá o será expulsado. Dado que no son delincuentes, existen otros procedimientos de control mientras se tramita su expediente, como podrían ser la obligación de personarse a diario en la comisaría o el brazalete localizador.