La insolidaridad del 'impuesto al sol'

En la actualidad, nuestro mundo atraviesa tres crisis contemporáneas. La coyuntural crisis económica y dos estructurales: la ambiental, motivada fundamentalmente por el consumo de energía a partir de combustibles fósiles y que es causante del cambio climático; y la energética, producida por el crecimiento de la demanda de los países emergentes.

Pues bien, la empresa o persona que invierte en un proyecto de autoconsumo está contribuyendo a resolver estas tres crisis. La energética, ya que está ayudando a reducir la fuerte demanda exterior del país; la ambiental, porque sustituye por energía renovable los combustibles fósiles; y por último la económica, al aumentar la competitividad gracias a la reducción de costes en las facturas y al estímulo al desarrollo de la industria local relacionada con el sector fotovoltaico.

Por todo ello, quien decide hacer una inversión en autoconsumo realiza un acto de solidaridad con el planeta y la sociedad. Pese a ello, al amparo del nefasto borrador del real decreto de autoconsumo, los opositores a esta tecnología acusan de «insolidaridad» a los autoconsumidores, de ahorrar a costa del resto de usuarios, pues al consumir menos energía del sistema tradicional paga menos al mismo.

Por todo lo anterior, creo que deberíamos aclarar algunos conceptos en beneficio del lector:

1. ¿Por qué sería insolidario el que instala unas placas fotovoltaicas y no el que sustituye sus bombillas antiguas por unos led, teniendo ambas medidas el mismo efecto sobre el sistema?

2. El autoconsumidor, en contra de lo que se afirma, continúa pagando los peajes para el mantenimiento del sistema en las mismas condiciones que antes de instalar el sistema de ahorro con autoconsumo, y que cualquier otro consumidor. Mes a mes, paga el mismo término fijo de la factura eléctrica y la parte de peajes correspondiente al consumo de energía de la red que realice. Las «cargas» que quiere imponer el borrador de real decreto de autoconsumo, conocidas como «impuesto al sol», son una barrera económica e insolidaria que supondría que cada autoconsumidor tendría que pagar más del doble de peajes que cualquier otro consumidor.

3. En un sistema marginalista de fijación de precios eléctricos como es nuestro caso, el autoconsumo provoca que estos bajen. Esto se debe a que, al reducir la demanda de electricidad principalmente en las horas punta, se reduce el precio final de casación.

4. Se ha llegado a afirmar que este sistema podría afectar a la sostenibilidad de la red eléctrica española. Es difícil tomar esto en serio si tenemos en cuenta que hablamos de pequeñas instalaciones con una potencia inferior a 100 kW y que la pequeña parte de peajes incluidos en el término variable de la factura que podrían ahorrar, no superaría los 2 millones de euros cada 100 MW.

Sabiendo que las eléctricas presentan cifras de beneficios multimillonarias (Red Eléctrica registró en el 2014 un EBITDA de 1.380 millones de euros), y que, además, para ellas podría suponer la entrada en nuevos modelos de negocio; tendrían que pasar muchos años y muchas instalaciones para que el sistema apreciase esa insignificante merma de ingresos. Y para cuando lo haga, estaremos ya hablando de otro modelo energético de producción y consumo de energía, basado en las energías limpias, la generación distribuida y las ciudades inteligentes.