Inocentes, al fin

Con la ley en la mano, todavía eran culpables porque la legalidad franquista todavía estaba vigente: ejecutados, encarcelados y torturados por el régimen franquista seguían siendo considerados delincuentes. De Lluís Companys a Manuel Carrasco i Formiguera pasando por Salvador Puig Antich y más de 63.000 víctimas más. Han sido culpables durante 80 años, hasta hoy, en que el Parlament de Catalunya, en un acto de soberanía, ha aprobado por unanimidad la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. Una ley que anula todas las sentencias de los consejos de guerra instruidos en Catalunya por causas políticas y dictadas por el régimen franquista desde 1938 hasta 1978, y que restituye por fin la memoria de víctimas y represaliados.

A ARGENTINA EN BUSCA DE JUSTICIA

Ante esta decisión del Parlament, verdaderamente histórica, hay que felicitar a la Comissió de la Dignitat, las entidades memorialistas y los partidos que la han impulsado. Ahora bien, el titular que nos da el Parlament hoy deja en evidencia, como nunca antes, la incapacidad de las instituciones españolas para acabar con su propio pasado totalitario.

En los últimos 40 años, numerosas familias han acudido al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional para intentar, sin éxito, anular los juicios franquistas que condenaron a sus familiares. Sin ir más lejos, en el 2007 la sala militar del Supremo rechazó el recurso de revisión interpuesto por las hermanas de Salvador Puig Antich, que tuvieron que recurrir a un tribunal a más de 10.000 kilómetros de distancia, en Argentina, para seguir buscando justicia. Y la aprobación en el 2007 de la ley de memoria histórica en el Congreso tampoco sirvió, por falta de consenso político, para declarar nulos los consejos de guerra.

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A diferencia de España, países como Alemania e Italia sí han sido capaces de pasar cuentas con sus propios pasados totalitarios, porque han entendido que para construir una democracia sólida antes había que juzgar a los fascistas y resarcir a las víctimas. España, sin embargo, nunca ha juzgado a la dictadura, y el franquismo ha quedado impune gracias a una ley de amnistía que sirvió para que los verdugos no tuvieran que pagar por sus crímenes. ¿La consecuencia? Una Transición hecha sobre cimientos democráticos tan débiles que se tambalean día sí día también, a cada nueva subvención a la Fundación Francisco Franco, a cada nuevo cargo directivo en empresas del sector público que ocupan los franquistas reciclados. Y como muestra ilustrativa de ello, el azar ha querido que la decisión del Parlament de Catalunya coincida con la misma semana en que el Congreso ha condecorado el exministro franquista Rodolfo Martín Villa, sobre quien pesa una orden de busca y captura internacional por crímenes contra la humanidad por los asesinatos de Vitoria de marzo de 1976. Un ejemplo perfecto de cómo el Estado ha tratado al franquismo y de cómo Catalunya se esfuerza para hacer lo contrario.