Ni infierno, ni paraíso

Circula estos días un interesante 'paper' publicado en el blog 'Asuntos Públicos' que edita la prestigiosa consultora Llorente&Cuenca sobre el balance de dos años de los llamados "Ayuntamientos del cambio". Algunos medios lo han fusilado impunemente citando las comillas como si fueran el resultado de su "investigación". Con estas malas prácticas no es de extrañar que el prestigio del periodismo pase por sus peores momentos, Y la mayoría de las veces no precisamente por el asedio de las redes sociales sino por los propios errores de las empresas y de sus profesionales. Esta nota técnica es tremendamente solvente y revela algunos datos escalofriantes. Por ejemplo que los ayuntamientos españoles acumulan entre 2012 y 2016 un superávit de 25.000 millones de euros, un 2,5% del PIB del periodo. Vamos, que casi una cuarta parte del crecimiento económico del que presume cada día Rajoy, proviene de los recortes de gasto en los ayuntamientos atenazados, como explica la nota, por la interpretación que hace el ministro Montoro de la regla de gasto impuesta por la UE. La imposibilidad de aplicar el superávit al presupuesto ordinario mientras tengan deuda viva, ha impedido a los nuevos partidos políticos -tipo Podemos, En Comú o Compromís- convertir a los municipios donde gobiernan en el paraíso que prometieron basado en la "auditoría ciudadana" de la deuda para liberar dinero para el gasto social. El "sistema" no les ha dejado ser tan "antisistema" como prometieron y así Madrid, sigue la nota de Llorente&Cuenca, ha devuelto 3.168 millones en cuatro años, al menos 899 bajo la batuta de Manuela Carmena. Y, en consecuencia, tampoco su gestión ha sido el infierno que pronosticaron sus adversarios. 

Curiosamente, esos ayuntamientos del "cambio" tampoco tienen un comportamiento homogéneo en cuanto al incremento del gasto en políticas sociales. Así por ejemplo Zaragoza, gobernada por Podemos, ha reducido en un 2,7 % el gasto social en el 2017 mientras que Málaga, gobernada por el PP, ha subido un 17%, exactamente igual que la Barcelona de Ada Colau. Una dinámica similar se produce, concluye el informe de la consultora, en el caso de la llamada remunicipalización de los servicios públicos. La mayoría de los procedimientos están parados en los juzgados y otra norma Montoro les impide recuperar servicios porque la obligación de quedarse con los trabajadores de las contratas choca con los límite al aumento de trabajadores del sector público. El paraíso está siempre demasiado cerca del infierno.