¿Mediadores? Somos 5 millones

En verano del 2015, Junts pel Sí y la CUP prometieron a sus votantes la independencia para la primavera del 2017. Pero aquella hoja de ruta se arrugó a su paso por las urnas: las elecciones 'plebiscitarias' dejaron de serlo al no arrojar el triunfo deseado; Artur Mas acabó en la "papelera de la historia"; la CUP tumbó también los presupuestos de la Generalitat; Carles Puigdemont aceptó la vía de la desobediencia y el referéndum unilateral para salvar la legislatura; el 1-O, bajo el fuego graneado de la justicia, se quedó en una 'performance', apenas legitimada por la violencia policial; y el pleno del Parlament que iba a debatir la declaración unilateral de independencia (DUI) ha sido suspendido por el Tribunal ConstitucionalTribunal Constitucional.

El directorio independentista, dividido, se niega a reconocer que tras el épico 1-O sigue igual que tras las citas míticas del 9-N y el 27-S: sin mandato democrático para proclamar la república. Sus líderes se enredan en estériles disquisiciones entre la DUI en efectivo o a plazos, solemnes apelaciones al diálogo y ruegos de mediaciones imposibles. Todo, para obtener una salida digna, una prórroga que dé sentido a seis años de movilizaciones, plazos superados y promesas rotas.

Para PP, PSOE y C's (que representan a 16,4 millones de españoles, el 68% del electorado), aceptar una mediación en este conflicto equivaldría a reconocer que Catalunya es una entidad ajena a España. Pero esa convicción de muchos catalanes -no todos- contrasta con la de la mayoría de los españoles.

SOBRAN INTERMEDIARIOS

La condición que fija el Estado para cualquier arbitraje, renuncia al unilateralismo y regreso a la ley, es la misma que pone para entablar conversaciones con la Generalitat. De cumplirse ambos requisitos, sobrarían los intermediarios.

Antes de abordar el necesario diálogo, Catalunya necesita establecer su posición negociadora: aclarar si el proyecto mayoritario de los catalanes es la ruptura con España o la reforma. Y en democracia los mediadores siempre somos los votantes, en este caso 5,3 millones de catalanes, y la mesa de diálogo, unas elecciones legales. Den la voz al pueblo, pero de verdad.

Den la voz al pueblo para que todos los partidos, en condiciones de igualdad, puedan presentar sus propuestas a los catalanes. Para posibilitar un debate informado, y no ilusorio, sobre los pros y contras tanto de la secesión como de la permanencia en un Estado que asuma su pluralidad nacional y satisfaga las ambiciones de autogobierno de los catalanes. Para analizar el impacto económico que tendría una ruptura unilateral con España y la Unión Europea, que aun sin materializarse ya nos está pasando factura. 

Porque, aunque el Govern lo relativice, el cambio de sede social del Banc Sabadell es el mayor revés económico que ha sufrido el 'procés'. La crispación social y política no es un inocuo juego de rol; genera inseguridad jurídica, atemoriza a ahorradores, frena inversiones y destruye empleos, perjudicando al conjunto de los catalanes.