La indemnización de Ester Quintana

Ester Quintana, la mujer que perdió un ojo durante una manifestación en las inmediaciones del paseo de Gràcia de Barcelona el día de la huelga general de diciembre del 2012, ha sido indemnizada con 260.931 euros. En un documento particular, el Departamento de Interior admite por primera vez que las heridas se produjeron por «una actuación policial», sin señalar qué tipo de intervención ni a un responsable concreto de la misma. La vicepresidenta Neus Munté se limitó ayer a constatar «la voluntad de Interior de afrontar la responsabilidad civil», sin prejuzgar la penal. En este sentido, un juez de Barcelona tiene abierto una causa contra un subinspector y un escopero de los Mossos, y la propia Quintana ya ha anunciado que el acuerdo no presupone renunciar a la vía penal para dilucidar responsabilidades.

A través de ese documento particular, firmado el 8 de septiembre, Interior reconoce algo que negó tajantemente durante tres años, especialmente por boca del entonces conseller del área, Felip Puig, -llegó desmentir que en el lugar de los hechos se hubiera producido disparos- y que ahora dirige el Departamento de Industria, y del entonces director general de los Mossos, Manel Prat, -que dijo dimitir en el 2014 «por motivos estrictamente personales»-. Siguiendo esta línea, nadie del departamento se puso en contacto en este tiempo con Quintana para interesarse por su estado o sus necesidades.

Pero el caso abrió el debate y el Parlament prohibió las pelotas de goma en mayo del 2014, reconociendo así su peligrosidad, cuando ya era conseller Ramon Espadaler, que tampoco entonces quiso establecer causa y efecto concreto. Recordemos que hay otros cinco casos sin resolver de personas lesionadas en circunstancias presuntamente similares.

Hoy podemos alegrarnos de que Quintana haya recibido una compensación económica por el daño sufrido, pero echamos de menos las explicaciones políticas. Solo tenemos dos elementos objetivables: el giro que la nueva defensa de uno de los mossos acusados dio al caso el pasado junio al admitir precisamente que Quintana había sido lesionada por un «arma policial», y el nombramiento en julio de Jordi Jané como titular de Interior, que ya dejó entrever la posibilidad de la indemnización. Independientemente del caso penal abierto, los ciudadanos merecen explicaciones tras tan reiterada negativa.