La impunidad de los pederastas

La ley del silencio impuesta durante décadas por los Maristas ha permitido que sus depredadores de niños queden sin castigo

Un empleado tapa una pintada en los Maristas de Sants-Les Corts.

Un empleado tapa una pintada en los Maristas de Sants-Les Corts.

LUIS MAURI / BARCELONA

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Los eufemismos son un pésimo recurso del periodismo, y en general del conocimiento y de la verdad. Por eso, cuando hablamos del escándalo de pederastia de los Maristas, el caso de abusos sexuales de niños de mayor envergadura destapado hasta la fecha en España, es preciso no emboscarse en el lenguaje y determinar con claridad de qué estamos hablando: 43 antiguos estudiantes y actuales alumnos de dos colegios maristas de Barcelona (Sants-Les Corts y Eixample) y otro de Badalona han denunciado haber sido víctimas de violaciones, felaciones, masturbaciones o tocamientos sexuales por parte de 12 profesores (ocho religiosos y cuatro seglares) y de un monitor de comedor. De esto estamos hablando. Y también de estadística criminal: el número de delitos denunciados, sobre todo cuando son de índole sexual, suele ser muy inferior al de los cometidos en realidad.

Estos crímenes fueron perpetrados en serie, de forma continuada durante al menos tres décadas y con total impunidad. La pregunta consiguiente cae a plomo: ¿Cómo es posible que tantas y tan graves fechorías permaneciesen ocultas durante tantísimo tiempo? La respuesta cae igualmente a plomo. Como han revelado las investigaciones de este diario, los delitos de los pederastas (tres de ellos, confesos) se desarrollaron bajo el paraguas de la congregación religiosa, que los tapó de forma sistemática. Hasta el 2011, el máximo riesgo al que se exponían los depredadores sexuales que infestaban las plantillas docentes de los citados colegios maristas era el traslado de escuela. Menudo castigo: el nuevo destino también estaba lleno de niños.

BANQUILLO DE LOS ACUSADOS

Después de tres décadas largas de agresiones sexuales cometidas contra decenas de alumnos de 6 a 14 años, de los 12 profesores denunciados solo Joaquim Benítez se sentará en el banquillo de los acusados. Dos han fallecido y los nueve restantes ni siquiera verán perturbado su apacible retiro por una escueta comunicación policial o judicial. Los delitos de los que están acusados han prescrito por el paso del tiempo. La justicia no puede actuar contra ellos.

Esta impunidad se deriva del Código Penal y en la actualidad hay un debate abierto sobre la prescripción de los abusos sexuales de menores de edad. Muchas veces, las víctimas no tienen ni siquiera el conocimiento suficiente para discernir que están sufriendo una agresión. Más adelante se empapan de vergüenza, de asco, de un pegajoso sentimiento de culpabilidad. Luego llegan la confusión sobre la propia identidad sexual, la depresión, el terror… Con frecuencia, la víctima trata de sepultar esa pesadilla en algún subterráneo inalcanzable de la memoria, unas veces con éxito, otras no. Y el día, ya en la edad adulta, en que logra empezar a reconciliarse consigo misma y cobrar conciencia de la dimensión criminal del abuso al que fue sometida, suele ser demasiado tarde para perseguir penalmente al depredador: el delito ha prescrito.

Pero el dolor no prescribe jamás.

DEBATE ABIERTO

Asociaciones de víctimas y oenegés como Save the Children reclaman la imprescriptibilidad del delito de abusos sexuales de menores, siguiendo el ejemplo del Reino Unido, Argentina y algunos estados de EEUU. Muchos juristas, en cambio, consideran que eso dejaría a los acusados en situación de indefensión, además de que colisionaría con el principio constitucional que consagra el carácter rehabilitador de las penas.

La impunidad de los depredadores sexuales de menores derivada de la prescriptibilidad del crimen está en debate, en efecto. Pero en el escándalo de los Maristas, los pederastas no se hubieran ido de rositas de no ser por la ley del silencio impuesta durante décadas por la orden religiosa, que llegó incluso a presionar a familias para disuadirlas de su intención de denunciar a la policía las agresiones sufridas por sus hijos.