El imposible derecho de asilo en España

Más de 30.000 personas han solicitado protección internacional en España durante 2015 y 2016. De ellas, un gran número son grupos familiares con menores a su cargo. El Gobierno de España ha rechazado mayoritariamente estas peticiones. Se trata por lo general de personas cultas, con estudios, muchos de ellos profesionales que han realizado un esfuerzo numantino para poder llegar a Europa huyendo de conflictos y pobreza en Siria, Irak, Ucrania y otros países en los que no impera la paz. Todos han emigrado contra su voluntad, y al llegar a Occidente han encontrado una ley de asilo que no les ampara.

En España, las restricciones en la frontera han propiciado una grave limitación de las libertades y discriminaciones en función de la nacionalidad del solicitante de asilo. Se vulnera así el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución, al denegar sin argumento alguno el asilo, así como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,  el convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la Convención de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño.

FALTA DE RESPETO A LA LEY

Como sociedad deberíamos plantearnos por qué toleramos constantemente esta falta de respeto a las leyes y a la propia dignidad humana. Por todos es conocida la forma sobredimensionada en la que la madrugada del 6 de febrero de 2014 las fuerzas policiales repelieron la entrada de cientos de inmigrantes. Aquel suceso costó la vida a 15 inocentes, personas que huían de la guerra y la pobreza más absoluta, gente que se aferraba a la vida y merecía un trato digno, un trabajo y una oportunidad para salir adelante.

Hoy, obtener el estatus de refugiado en España es casi imposible. Solo un 7% de los solicitantes lo obtiene. En ningún caso se concede la residencia por razones humanitarias ni tampoco la protección internacional que prevé la ley. El Gobierno central adopta una posición pasiva e inmóvil. Por el contrario, algunos gobiernos autonómicos y locales están realizando verdaderos esfuerzos para intentar acoger e integrar al máximo número posible de refugiados, pese a que son competencias exclusivas del Estado.

En España, el Ministerio del Interior es el garante del respeto y cumplimiento del derecho de asilo, y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social es el responsable del desarrollo y gestión del sistema de acogida. Sin embargo, ambas instituciones ni lo han respetado ni garantizado.

ATENCIÓN INTEGRAL

El Mediterráneo se ha cobrado ya más de 3.000 vidas solo en el 2016. Esta tragedia humana a las puertas de Europa debe finalizar de una vez. Para ello, es necesario un plan de atención integral a los refugiados coordinado entre los distintos estados miembros de la Unión que incluya la búsqueda activa de empleo, formación, mediación comunitaria, alojamiento para las personas con vulnerabilidad, asesoramiento jurídico y atención psicosocial. 

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Los refugiados son personas que buscan un lugar seguro para vivir, y en su huida han encontrado multitud de problemas para conseguir un objetivo que a priori debería garantizar cualquier Estado. Las innumerables trabas que algunos gobiernos han puesto en las rutas establecidas han venido acompañadas de una desinformación generalizada de los grandes medios en relación al conflicto y sus consecuencias.

Los atentados terroristas en París, Niza, Estambul y Bruselas han contribuido a fomentar un odio incoherente a los diversos grupos de refugiados, ante las sospechas alentadas de que entre estos se camuflen terroristas. Juzgar a todo un colectivo porque en el mismo puede encubrirse un terrorista es injusto, y como sociedad no lo podemos permitir.

VISADOS HUMANITARIOS

Nuestro país debe acoger de forma inmediata a las personas refugiadas que se encuentran en campos totalmente insalubres de Grecia e Italia. Todos los países europeos deberían contribuir a facilitar visados humanitarios, garantizando el derecho de asilo como política general. Asimismo, se debe facilitar la reagrupación familiar y programas para la integración.

Como sociedad del llamado primer mundo, donde en teoría priman los valores de la solidaridad y dignidad humana, debemos hacer un ejercicio de conciencia y preguntarnos cómo es posible que nuestras instituciones no estén a la altura de este gran reto que nos ha deparado la crisis de los refugiados.