Importante, histórico, ¿trascendente?

La sesión de hoy en el Congreso es, sin duda, importante. E histórica. Y tendría que ser de alguna forma trascendente, aunque eso no es en absoluto seguro. Lo primero que hay que esperar, y exigir, es que el debate esté presidido por la seriedad y el rigor que se supone a sus señorías. El marco institucional debería ayudar a que ello fuera así. Sería un muy mal síntoma para la democracia que los representantes catalanes y su mensaje fueran tratados de forma irrespetuosa, abordando superficialmente y demagógicamente sus razones, y olvidando que tras ellos hay una gran mayoría de catalanes. Lo digo de otra manera: cabe esperar hoy mejores argumentos que el último empleado por Mariano Rajoy, que esgrimió que catalanes y españoles comparten «la misma sangre» y reivindicó los «últimos 50 años» [sic] de la historia de España.

Jordi Turull, Marta Rovira y Joan Herrera tienen que explicar de forma muy clara y pedagógica qué es lo que pide Catalunya y por qué. Saben que no solo están hablando para los diputados, y que deben cargarse de razones ante los ciudadanos españoles y, sobre todo, ante los catalanes y la opinión pública internacional.

El objetivo de hoy es debatir si el Estado accede o no a facilitar, mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que los catalanes sean consultados (en una consulta que no tendría carácter vinculante). El Parlament incluyó (en la misma proposición de ley, votada el 16 de enero) una fecha -9 de noviembre- y dos preguntas para la posible consulta. Aunque en Madrid se diga lo contrario, si el PP accediera a negociar sobre el asunto, tanto la fecha como la o las preguntas quedarían sobre esa imaginaria mesa negociadora.

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la declaración soberanista del Parlament de enero del 2013, que el tribunal quiso avanzar para sortear la recusación de tres de sus miembros -responsables de haber proferido una buena cantidad de barbaridades sobre el catalanismo y los catalanes- y evitar que el debate de hoy se adelantara a su resolución, va a ser sin duda uno de los focos de atención en la carrera de San Jerónimo.

La primera sorpresa que nos dio el Constitucional fue que se metiera en una cuestión -una declaración política- sobre la que muchos creían y creen que no debería haberse pronunciado. La segunda sorpresa fue la propia sentencia, que tras negar que Catalunya sea soberana, sitúa el derecho a decidir -que distingue de la autodeterminación- en la esfera de lo político. Es decir, del posible pacto o acuerdo. Dicha parte de la sentencia desmiente a todos los que -Rajoy entre ellos- se han hartado de repetir que la consulta que pide Catalunya es imposible. En efecto, la posición oficial del Gobierno del PP ha sido, por expresarlo de forma caricaturesca, «lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible». Ahora el PP debería decirnos por qué se niega a hablar de algo que no solo reclaman los catalanes, sino sobre lo que el Constitucional ha dicho que sí se puede hablar.