Ignacio Escolar

El escándalo no está en que Iñaki Urdangarin intente llegar a un pacto con la fiscalía para evitar el juicio y eludir la prisión. Tal posibilidad está en la ley, esos acuerdos son cotidianos en todos los juzgados y la justicia para el duque de Palma no debería ser más laxa pero tampoco más dura que la de cualquier otro procesado. Lo realmente criticable son otros tres aspectos que conviene destacar.

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Información publicada en la página 9 de la sección de Opinión de la edición impresa del día 04 de mayo de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El primero, que han pasado poco más de dos meses desde que Urdangarin proclamó su inocencia y aseguró que iba a defenderse para «aclarar la verdad» y demostrar su «honorabilidad». Que su abogado ahora negocie admitir que el yerno del Rey es un delincuente que mintió puede que sea una buena escapatoria judicial, pero no parece el comportamiento más ejemplar.

El segundo, que hay una negociación aún más escandalosa en marcha: la que llevan, con retransmisión abierta a los medios (solo falta que canten los goles en Carrusel Deportivo), los abogados de Urdangarin y los de su cuate, Diego Torres. El socio del duque ha amenazado ante los morros del juez con tirar de la manta, con unos correos que presuntamente involucran a la infanta Cristina y al mismísimo Rey, si no hay un trato favorable para él, su cuñado y su mujer. Si esas pruebas existen, la obligación de la justicia es hacerse con ellas y llegar hasta el final, sin respetar cualquier componenda entre los imputados para repartirse la responsabilidad.

Y el tercero, que muchas de las irregularidades de esta organización sinónimo de lucro llamada Nóos pueden quedar impunes porque algunos de los afectados no se han querido personar. En caso de que el acuerdo llegue, gran parte del dinero no se devolverá. El juez está investigando exclusivamente los fondos desviados desde el erario, pero no esos hinchados patrocinios o esos informes copiados de internet que la fundación de Urdangarin vendía a precio de oro entre las principales empresas del país. Ninguna de ellas parece haberse sentido estafada ni ha presentado acusación. Cabe preguntarse el porqué.