Ideología de las balanzas fiscales

Leí con sorpresa el artículo de Guillem López Casasnovas Veinticinco años de balanzas (21 de junio) porque, entre otras cosas, esconde al lector lo esencial: el carácter eminentemente ideológico de las balanzas fiscales que viene elaborando desde hace años la Generalitat y que constituye hoy un caso único. Ningún otro Gobierno en el mundo se autoimpone el cálculo de esos saldos anualmente como anexo al proyecto de ley de presupuestos. Además, el cálculo de las balanzas parte en ese caso de dos premisas falsas: que los catalanes no nos beneficiamos de determinados servicios públicos que presta la Administración central y que abonamos cada año por adelantado nuestras deudas con impuestos que en realidad no hemos pagado.

Acumulando los dos efectos (sumar a la elección del llamado enfoque flujo monetario la neutralización del déficit presupuestario) se obtiene una imagen muy distorsionada de nuestra contribución fiscal. López Casasnovas lo disfraza bajo un consenso académico que no existe y fabrica un edulcorado relato sobre la historia de las balanzas y sus protagonistas. Para quien tenga interés en otra visión, recomiendo el reciente libro del catedrático Ramón Barberán Economía y política de las balanzas fiscales en España.

Vayamos primero a los hechos. No es cierto que la Generalitat haya facilitado todos los detalles de las balanzas del 2011, publicadas a mediados de este junio. Nuevamente, la Conselleria d'Economia vuelve a esconder el saldo contable real tanto del método de flujo monetario, enfoque que el Govern privilegia en su discurso político, como del método de carga-beneficio. Si restamos los impuestos ficticios que los catalanes no hemos pagado y que no sabemos cuándo ni cómo se pagarán (más de 7.000 millones), el déficit se reduce al 4% para el flujo monetario y hasta el 2,1% para el carga-beneficio. A esa distorsión se añaden otras, principalmente la de inflar ingresos e impuestos pagados en Catalunya cuando los pagan otros ciudadanos no residentes aquí, particularmente en el caso del IVA e impuestos especiales.

Lo que los ciudadanos tenemos derecho a saber -y las cifras del Govern no nos lo facilitan- es cuánto aportamos en tributos y cuánto recibimos en servicios de la Administración  central, y cuánto aportan y reciben los demás. Es decir, nos interesa conocer los efectos redistributivos entre territorios. Este es precisamente el objeto del enfoque carga-beneficio. En cambio, la finalidad del método de flujo monetario es mucho más confusa. Pretende valorar cómo impactan esos ingresos y gastos en las macromagnitudes de una región. Ahora bien, nos dice solo dónde se materializa el gasto del Gobierno central, pero no dónde se producen los bienes y servicios que este adquiere. Nos informa de dónde se localiza el objeto imponible sometido a gravamen, pero no de dónde impactan los impuestos. En rigor, el flujo monetario no sirve para examinar los impactos macroeconómicos ni mucho menos los efectos redistributivos de los ingresos y gastos públicos. Ambos métodos no son sustitutivos, sino que explican cosas diferentes. Y es aquí donde subyace la ideología de las balanzas que elabora la Generalitat. Lo que el Govern calcula cada año, con el entusiasta asesoramiento de académicos como Núria Bosch o Marta Espasa, no son las balanzas fiscales sino otra cosa: el dividendo fiscal que obtendría el Gobierno autonómico si asumiera la responsabilidad de financiar el gasto con las bases tributarias actuales. Es el llamado enfoque soberanista. Una metodología que sirve tanto para calcular el escenario de un sistema de concierto económico foral como la hipótesis de la secesión. Lo que ocurre es que en ambos casos tanto el capítulo de ingresos como el de gastos podrían variar sustancialmente. Es erróneo suponer que tras un cambio de estatus, sobre todo con la independencia, los ingresos fiscales fueran los mismos, teniendo en cuenta el riesgo e incertidumbre de un escenario de ruptura. Y por el lado de los gastos, es lógico que se computasen servicios que ahora presta la Administración central y que de alguna forma serían sustituidos por gasto adicional del nuevo Estado.

En definitiva, es falso que en el 2011 una Catalunya independiente hubiera podido disponer de un cheque de 15.000 millones o que cada catalán contribuyera con 2.000 euros de más, tal como difunde el Govern. Y es pura propaganda decir que la economía catalana haya sufrido un choque negativo del 7,7% en su PIB por el déficit fiscal. Lo sorprendete es que profesionales de prestigio como López Casasnovas hayan contribuido en el pasado a difundir de algún modo la idea populista del expolio y ahora justifiquen expresiones igualmente chovinistas como el «España nos frena» del conseller Andreu Mas-Colell.