Ideología del linchamiento
Enric Hernàndez
Director
Director de EL PERIÓDICO desde el 2010 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona. En 1998 se incorporó al diario como redactor jefe de Política en Madrid. Un año más tarde, asumió la jefatura de la delegación y, en el 2006, fue nombrado subdirector. También trabajó en 'El País' como director adjunto y en el diario 'Avui', donde inició su carrera profesional.
ENRIC HERNÀNDEZ
El claustro de la Universitat de Girona (UdG) desestimó ayer la propuesta de desposeer a la magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Encarna Roca del título de doctora honoris causa. Un centenar de claustrales votaron contra la deshonoración, apoyada al final por solo 42 de los 77 proponentes. ¿Su delito? Haber acordado, a instancias del Gobierno y junto al resto de los magistrados del TC, la suspensión de la consulta del 9-N, a lo que estaban obligados por la Constitución sin debatir siquiera el fondo del asunto.
Reconforta constatar que el sentido común aún impera en la universidad, teórico paraíso del libre pensamiento. Porque, de haberse impuesto la ideología del linchamiento, a Roca, encumbrada al TC a propuesta del PSC y CiU, le hubiera esperado un verdadero calvario. Para empezar, la Generalitat habría tenido que privarla de la Creu de Sant Jordi que en el 2003 le otorgó el hoy 'exmolt honorable' Jordi Pujol por su «aportación muy relevante al estudio del derecho civil catalán». Por su reciente crimen de lesa patria, Roca también tendría que haber sido expulsada de la Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya y del Institut d'Estudis Catalans (IEC), sin perjuicio de la pena subsidiaria de destierro que se derivara de su felonía.
Represaliar al discrepante
De idéntico modo, el Govern debería haber retirado a Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón el Premi Blanquerna que le concedió en 1998 por su «comprensión y acercamiento hacia las comunidades con historia y cultura diferenciadas». No pocos pensarán que apoyar por dos veces la impugnación del 9-N desde la comisión permanente del Consejo del Estado convierte a Herrero en un personaje indigno de cualquier galardón catalán.
Por fortuna, estos dislates no se han producido en Catalunya, donde en cambio sí han acontecido otros: el cese del fiscal Martín SolMartín Sol, por su tímido respaldo a la consulta, y el expediente al juez Santi Vidal, por redactar una supuesta Constitución catalana. Represaliar al discrepante por sus ideas u obras no es propio de democracias consolidadas, pero tampoco de ese «país normal» que los censores de Encarna Roca dicen querer construir.
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