La hermana del Estado de derecho

Pueblo y Democracia tuvieron mellizos. El niño se llama Estado de Derecho. La niña, Soberanía Parlamentaria. Lo comparten todo pero no les queremos por igual.

Si lo hiciéramos, pienso que la respuesta institucional pero sobre todo ciudadana al contencioso en Catalunya debería ser distinta.

¿Qué opinas de los resultados electorales en Catalunya?

Si el Estado es de derecho, la sociedad entera, gobernantes incluidos, está sometida a la ley y el papel de los jueces es velar para que así sea. Pero en democracia no nos basta con afirmar que la ley hay que cumplirla. Necesitamos que la ley sea legítima. Y la legitimidad deviene de que en ella se refleje la voluntad popular expresada en el Parlamento.

Estado de Derecho y Soberanía Parlamentaria son el sustento de esta familia, pero mantener el equilibrio entre ambos no siempre es fácil. Requiere una actitud responsable y consciente. El pueblo democráticamente representado se compromete a preservar la independencia de los jueces, y estos, por su parte, respetan la supremacía del Parlamento.

Jueces y parlamentarios comparten la responsabilidad colosal de garantizar una única libertad. Esto exige un ejercicio de autocontrol permanente. Los parlamentarios no todo lo pueden y el poder de los jueces no proviene de la Facultad de Derecho sino de la voluntad popular.

La paz social
no puede depender
del antojo de un juez
o de un fiscal

Pienso que en lo tocante a Catalunya no estamos acertando a mantener el equilibrio y autocontrol que juntos nos reclaman el hijo y la hija de Pueblo y Democracia. Y nótese que mi llamada de atención no va dirigida a los jueces, a los que presumo independencia e imparcialidad, sino a quienes observamos la realidad política con el ojo crítico que exige la condición ciudadana.

Para empezar, sugeriría que en nuestro caso habláramos de soberanías parlamentarias en plural. Lo formularía en estos términos: en España la voluntad del pueblo se manifiesta a través de varios órganos democráticos, en estos momentos 18, uno por cada comunidad autónoma además de las Cortes Generales, todos ellos igualmente responsables de canalizar la voluntad popular, cada uno en ejercicio de sus competencias respectivas.

La distribución de dichas competencias es un problema eminentemente político cuya resolución compete principalmente a los representantes del pueblo, no a los jueces. Nada es intocable. Todo debe ser acordado, criticado y cuestionado de forma constante.

Por la misma razón, mientras las reglas del juego no cambien, las reglas del juego se cumplen. Los 18 (a día de hoy) representantes de la voluntad popular no lo son por la gracia de Dios, ni de Alfonso X, ni de Fernando e Isabel, ni de Rafael Casanova. Representan una voluntad plural y a veces contradictoria, pero siempre derivada de unas normas que les ha otorgado el pueblo a través de esa complejidad. Fuera de ese marco, el acuerdo de un parlamento puede ser programático o declarativo, pero no puede ser ley.

Son legítimas las medidas dirigidas a hacer cumplir las resoluciones de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y la Constitución. Cuando un órgano o una persona responsable se niega a hacerlo, puede y debe ser investigado y en su caso sancionado, incluso penalmente si es necesario. Ahora bien, la respuesta ha de ser proporcionada. Puede ser cierto que los miembros del Govern tengan «por finalidad desmontar todo el orden constitucional», como sostiene la Fiscalía. Pero una democracia asentada debería saberse más fuerte, porque Catalunya no va a ser independiente el 2 de octubre. Y debería saberse más sabia y prevenir el daño que ocasiona interna y externamente la detención de altos cargos políticos o el envío de guardias civiles a las puertas de una imprenta.

Los parlamentarios, por su parte, deben quedar a resguardo de medidas penales. A pesar de que con su voto hayan podido contribuir a adoptar leyes inconstitucionales, incluso a sabiendas de su inconstitucionalidad, no deberían ser perseguidos judicialmente por ello. La sociedad les necesita para cambiar (o en su caso mantener) las reglas del juego. Debería motivarles la voluntad del pueblo, ante el que rinden cuentas, no el temor a ser castigados por un juez.

La paz social no puede depender del antojo de un juez o de un fiscal. Asimismo, quien ostenta el honor de representar a Pueblo no debería enorgullecerse de que los jueces le orillen un problema durante unas semanas. Si no son capaces de afrontar el reto, es mejor que se echen a un lado. Cuando está solo, Estado de Derecho no sabe proteger a Democracia. Necesita a su hermana. Y usted y yo necesitamos a ambos.