Hay límites económicos a los recortes

¿Puede un gobernante recortar lo que le venga en gana en la sanidad o la educación públicas sin tener que responder por sus consecuencias económicas y sociales? ¿No se le podrían exigir responsabilidades por sus decisiones cuando estas no respondan a una buena praxis económica? Pienso que sí.

A los médicos se les exigen responsabilidades civiles y penales por las consecuencias de una mala praxis. Es decir, por su negligencia profesional si no utilizan el estado de conocimientos que la medicina les ofrece. Esos conocimientos definen los límites de lo que es una buena práctica médica. Si no los utilizan, se convierten en curanderos. De igual forma, en todas las profesiones existe un conjunto de conocimientos que definen lo que es una buena praxis profesional.

¿Por qué no se puede hacer la misma exigencia de profesionalidad a los gobernantes? De hecho, algunos países han comenzado a transitar por esta vía. La política económica no puede ser el reino de la irresponsabilidad y del arbitrismo. Necesitamos gobernantes profesionales que basen sus decisiones en una buena praxis económica, no curanderos que se dejen llevar por sus creencias.

Los políticos se defienden diciendo que ya responden en las elecciones. Pero aquí hablo de otra responsabilidad. Las elecciones sirven para cambiar los gobiernos, pero no son una patente de corso para hacer lo que le venga en gana al gobernante que ha ganado. En este sentido, la afirmación del presidente Mariano Rajoy de que no cumplió con sus promesas pero sí con su «deber» no es muy afortunada. Para ser eficaz y legítima, la política económica debe ser democrática. Es decir, ha de responder a las preferencias ciudadanas y no a lo que un gobernante considere que es su deber. Porque ese deber puede no coincidir con el bien común.

Las élites ven el liderazgo político como la capacidad para imponer por la fuerza la política que defienden. Esa es una visión perversa del liderazgo, al convertir al gobernante en un dictador benevolente, en el mejor de los casos. El buen liderazgo se basa en el respeto a las preferencias sociales y, en su caso, la capacidad de persuasión democrática para cambiar esas preferencias.

Volviendo a nuestro tema central: ¿tiene la economía un estado de conocimientos consolidados, similar al de otras profesiones, que sirva de guía y límite a las decisiones de nuestros gobernantes a la hora de enfrentarse a la crisis? Es decir, un estado de conocimiento que nos permita decir si la política de austeridad y recortes que están practicando nuestros gobiernos responde a una buena o mala praxis económica? Lo tiene.

Miren, no encontrarán ningún economista solvente, ni institución de investigación económica de prestigio, que defienda la política de austeridad tal como se está practicando en Europa. El propio FMI la está criticando. El conocimiento económico existente señala que cuando una economía está en una recesión profunda y el sector privado está sobreendeudado, el intento de reducir rápidamente el déficit y la deuda pública (la consolidación fiscal) no solo no consigue esos objetivos sino que deteriora aún más la situación económica, impide la salida de la crisis, empeora las condiciones de vida de la población y debilita la democracia.

El gobernante que maneje ese conocimiento sabe que la consolidación fiscal es una carrera de fondo, un maratón y no un esprint. Un coche no puede pasar de 120 a 0 kilómetros en un segundo. Las leyes de la física se lo impiden. Lo mismo ocurre con la consolidación fiscal. El comisario europeo de Economía, Olli Rehn, o el ministro Cristóbal Montoro no están utilizando ese conocimiento. Por eso no están desarrollando una buena praxis económica.

Tiene razón el conseller de Economia de la Generalitat, el profesor Andreu Mas-Colell, cuando en una conferencia dice que tener este año no el 2% de déficit sino el 0,7% como exigen Montoro y Rehn es «simplemente imposible». Y tiene razón al defender una estrategia de reducción gradual del 0,5% durante cuatro años. Pero si no logra lo que se propone ni consigue aprobar un presupuesto coherente, la solución no pueden ser nuevos recortes por valor de 4.400 millones de euros. Estos recortes no responderían a una buena praxis económica. No mejorarían la economía y empeorarían las condiciones de vida de la gente.

Defender que hay límites económicos a los recortes y la necesidad de que los gobernantes se hagan responsables de las consecuencias de una mala praxis económica hace de la política una profesión de riesgo. Exactamente igual que la de médico, arquitecto o conductor de autobuses. La política no puede ser el único reino de la irresponsabilidad en un Estado de derecho y una sociedad democrática.

Catedrático de Política Económica (UB)