Hacienda no somos tod@s

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de la reforma fiscal. Una reforma que llega cuando los datos sobre la desigualdad en España muestran una brecha casi irrecuperable para millones de personas. Precisamente cuando más necesarias son las políticas activas contra la desigualdad y la exclusión, Mariano Rajoy aplica las tijeras, una vez más. Tijeras contra los servicios públicos, en primer lugar. Y ahora, tijeras a favor de los más favorecidos. Tijeras que rompen la cohesión y ponen en peligro el desarrollo. No hay progreso sin justicia social. Ni progreso moral. Ni progreso socioeconómico. Un dato reciente: la pobreza infantil ya alcanza el 27,5% y gastamos un 14% menos para combatirla. Y otro dato estructural: la crisis acaba con la convergencia de España con Europa. El PIB per cápita baja al 95% de la media (105% en el 2007). Es en esta realidad -y desde ella- dónde hay que reflexionar sobre la reforma fiscal del PP.

"Esta reforma es una rebaja". Con estas ilustrativas palabras empezaba su rueda de prensa el 23 de junio el Ministro Cristóbal Montoro. El Ministro de las "risitas". El PP ha perdido una oportunidad de oro para transformar la fiscalidad en España, para hacer una verdadera reforma modernizadora, que reequilibre la carga existente entre los rendimientos del trabajo y los del capital, y entre la tributación directa (IRPF, IS) e indirecta (IVA). Sin estos reequilibrios, el sistema fiscal no conseguirá con su máxima eficacia una verdadera redistribución de la renta. Sin redistribución, no hay futuro.

En su lugar, ha optado por una solución meramente electoralista, anunciando bajadas de impuestos a la vista de las municipales y las generales del 2015. Es una irresponsabilidad no tener suficientemente en consideración las eventuales implicaciones que estas rebajas supondrán para la Hacienda Pública y para la financiación de los servicios públicos. Una irresponsabilidad a la que hay que añadir el incremento del fraude fiscal, y de la economía sumergida en España que representa el 20% del PIB como ha denunciado recientemente la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda.

En el año 2014 los ingresos públicos se sitúan un 15% por debajo de lo previsto en los Presupuestos 

En el año 2014 los ingresos públicos se sitúan un 15% por debajo de lo previsto en los Presupuestos, la Seguridad Social mantiene un déficit de 20.000 M€ y quedan aproximadamente unos 30.000 M€ (3 puntos porcentuales de PIB) para cumplir con el objetivo de déficit marcado por la UE. No parece un panorama demasiado favorable para las frivolidades fiscales, y así lo han comunicado a Mariano Rajoy el Banco de España y el ECOFIN, poco sospechosos de tener veleidades de izquierda. No han descartado que esta rebaja genere una nueva tanda de recortes una vez superado el calendario electoral.

Según Montoro, bajar impuestos genera crecimiento económico y ocupación. El ahorro fiscal para familias y empresas será de 5.500 M€. El Gobierno piensa que la gente y las empresas los gastarán, generando un incremento del PIB del 0,55%, aumentando el consumo y finalmente, la ocupación. Pero no está claro que sea así. En un entorno en el que las familias y las empresas están muy endeudadas no es evidente que el dinero que no tengan que pagar a Hacienda se lo gasten: pueden ahorrarlo (si se encuentran en el paro) o reducir deuda (hipoteca, préstamos...).

Cuanto menos hay que decir a favor del Gobierno de Rajoy que, esta vez, ha cumplido su programa electoral: ha bajado los impuestos directos, especialmente a las rentas altas. Por cierto, unas rentas que, según los últimos datos, no dejan de crecer. Las famosas SICAV ya han superado los niveles de patrimonio de 2008 y la suma de su patrimonio se sitúa alrededor de los 29.000 M€. Y, evidentemente, las SICAV no han visto alterada su privilegiada e injusta tributación del 1% de los beneficios en el Impuesto de Sociedades. Serán, pues, las clases medias trabajadoras las que continuarán asumiendo la mayor carga tributaria, especialmente los que tienen una nómina y no disponen de ninguna sociedad que haga posible "eludir" la tributación. Y además, en algunos casos, verán como incrementan sus tipos impositivos, compensando paradójicamente la rebaja de las rentas más altas.

Tres últimos datos. El primero: la reducción de los tramos del IRPF que prevé esta reforma supondrá una reducción de progresividad en el impuesto (menos tramos, menos diferencia entre el impuesto que pagan los diferentes niveles de renta). El segundo: aprobada esta ley, el marco tributario resultante se centrará aún más en los impuestos indirectos (IVA y especiales), que no son progresivos. Por lo tanto, el conjunto de la fiscalidad será menos progresiva que antes de la reforma. Y el tercero: la reforma escondía un plato muy amargo. Las indemnizaciones por despido superiores a 2.000 € por año estarán sujetas al IRPF. Es decir, aquel trabajador despedido que haya tenido un sueldo superior a los 20.000 € aproximadamente, verá como su indemnización se ve reducida de una forma notable por Hacienda. Así, el mismo Gobierno que aprueba la reforma laboral para liberalizar el despido de los trabajadores, aprovecha la ocasión para disponer de más ingresos de los trabajadores despedidos.

Hay que construir con una nueva mayoría política y social

Hay alternativa. Y hay que construirla con una nueva mayoría política y social. Nos tenemos que rebelar contra la etiqueta conservadora que nos impide hacer reformas. Una revuelta contra el pensamiento conservador del “no hay alternativa”. La reforma fiscal debe ser el punto de partida para una nueva concepción económica y para definir qué fiscalidad necesitamos para hacerla posible. Gran parte de las alternativas más transformadoras (urgentes e inaplazables) se generan enel entramado social que más directamente trabaja contra la desigualdad. Hay que convertir ese entramado en una mayoría política. Y hay que adecuar los instrumentos. Mientras los capitales financieros aprovechan la globalización para especular y defraudar, los instrumentos públicos de regulación se muestran ineficaces desde la capacidad de los Estados. En Europa, ni siquiera la tasa Tobin avanza como debería y como se comprometieron las fuerzas políticas y la mayoría de los Gobiernos. Una fiscalidad estatal y una defraudación global. Así estamos.

A nivel de propuestas, yo apostaría por reformar la tributación de las rentas del capital, igualándolas a las rentas salariales en el IRPF. En cuanto al impuesto de sociedades, habría que eliminar el exceso de deducciones existentes, que dejan el tipo efectivo muy lejos del nominal. Sólo deberíamos apostar por las deducciones que tengan un verdadero impacto económico y social: R+D+i, mecenazgo e incremento de la capitalización de la empresa. Y más allá de los distintos impuestos, una vez más, se encuentran en falta medidas más duras contra el fraude fiscal que cautericen la pérdida continuada de equidad que los defraudadores generan.

España sufre la crisis más desigual de Europa, junto con Grecia. ¿Servirá esta reforma para incrementar o para reducir este grave problema de desigualdad? A primera vista, todo parece indicar que la aumentará y que, por lo tanto, no servirá para luchar contra los dos principales problemas sociales: el paro y la desigualdad. ¿Cuánta desigualdad podremos soportar?